La Comisión Interamericana para los Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos, tiene un papel crucial.
La Comisión funciona en Washington, a pocas cuadras de la sede de la OEA. En el alto organismo trabajan funcionarios expertos en las delicadas materias que velan por los derechos de las personas e instituciones que en nuestro continente han visto amenazada su actividad y hasta su vida.
Nadie puede soslayar el rol fundamental que cumplió la CIDH para investigar, denunciar y condenar públicamente los atropellos de dictaduras militares como las de Argentina contra los activistas de derechos humanos, académicos o disidentes perseguidos por su vinculación -real o supuesta- al pensamiento político de izquierda.
Otra tarea clave fue la de la preservación de la voz y los derechos de los pueblos indígenas marginados en todo el continente y su tensa relación con los poderes de turno.
A más de ocuparse de estos temas, en el caso ecuatoriano, la Comisión, así como otros entes vinculados con la protección de la libertad de expresión y prensa, ha sido un factor gravitante.
La situación dramática lleva a James Cavallaro, el presidente de la Comisión, a situar al borde del despido a los funcionarios si los aportantes no completan el presupuesto para que continúe operando. Se suspenderán visitas in situ y audiencias clave para ventilar el estado de temas delicados. Los dineros no alcanzan y la CIDH peligra