El Contralor encargado sorprendió con el anuncio público de la conformación de una comisión de ciudadanos para investigar los contratos de la deuda externa entre 2012 y mayo del año pasado.
El tiempo para ese repaso a la documentación – que, por lo demás, reposa en manos de la Contraloría y ha sido ya examinada – vence en abril.
Sin duda los ciudadanos escogidos y convocados son personas reconocidas, aunque llama la atención la oportunidad de la convocatoria frente a la coyuntura nacional.
En apenas tres semanas y algo más, los ecuatorianos deberán acudir a las urnas para pronunciarse por las siete preguntas de la consulta y referendo, que formuló el presidente Moreno.
Mientras ese escenario agita la política y la campaña gana la calle, no hay que perder de vista que la urgencia -aquella que puede sacar al país de la crisis en la que nos hundió el anterior gobierno- está en las decisiones y los derroteros de la economía, a partir de un modelo que genere empleo y riqueza.
Es verdad que es útil e indispensable saber los contendidos de esos contratos ocultos que firmó el anterior Régimen, pero es necesario medir lo que acciones de ese tipo pueden pesar en la credibilidad económica del país.
Es pertinente establecer responsabilidades, y cabe esperar que el trabajo vaya más allá de la coyuntura política. Para todo ello, la institucionalidad de la Contraloría y una justicia independiente juegan un rol esencial.