La declaración de bienes

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La Asamblea Nacional, con la amplia mayoría oficialista de la que dispone, debate en estos días un proyecto que de alguna forma provoca resquemores.

La iniciativa, que está por ser aprobada, plantea un punto que ha activado reacciones encontradas.

En concreto, crea la figura de la confidencialidad para las declaraciones juramentadas que los servidores públicos están obligados a presentar, conforme lo ordena el artículo 231 de la Constitución aprobada en Montecristi.

Pero una modificación de esa naturaleza, que incluso contempla la posibilidad de que la declaración se haga en línea, activa algunos temores. Uno de ellos: el riesgo de que se afecte la transparencia en la gestión de los servidores públicos y en las cuentas de estos. Así lo ha advertido, por ejemplo, el Observatorio Legislativo.

Un cambio así se impulsa cuando el Ecuador, lamentablemente, aparece de nuevo en la lista de Estados del mundo con una mayor percepción de corrupción en el 2015. En enero pasado, la organización Transparencia Internacional había presentado su informe anual sobre esta materia, en el cual el país aparece en el puesto 107, entre 167, un reporte que el Gobierno rechazó.

Para ahuyentar las sospechas de posibles actos de corrupción, no están demás las declaraciones públicas de bienes. Así lo demuestra la experiencia de otras naciones, en las cuales incluso los dirigentes políticos las colocan en las páginas web de sus partidos.