Varias horas de debate para aprobar una resolución sin alcance político ni efectos legales, es algo difícil de explicar y refleja una agenda parlamentaria inocua.
El bloque legislativo de Alianza País (AP) se empeñó sin fortuna en pasar una resolución que inicialmente pretendía condenar las manifestaciones de días pasados en términos duros. Finalmente aprobó una resolución que repite las prescripciones constitucionales.
Al Ecuador le consta que se vivieron días de tensión. También, y más allá de algunos hechos violentos aislados y debidamente condenados, las protestas expresaron lo que miles de ecuatorianos sentían frente al detonante de los proyectos de herencias y de plusvalía, hoy relegados, se esperaría, definitivamente.
Esas jornadas sirvieron como válvula de escape de tensiones acumuladas.
No hace falta que la Asamblea se pronuncie ‘contra todo tipo de violencia política’. Esa forma, más allá de no ser legal, en la comprensión ciudadana es aplicable también al tono provocador de muchos discursos que polarizan y dividen.
Que se reafirme el derecho de expresar libremente las opiniones y manifestarlo es una verdad de Perogrullo, al ser una práctica habitual en cualquier sistema de gobierno civil que se precie.
La resolución puede revelar, eso sí, una dificultad para procesar el contenido de las pasadas y las futuras expresiones de diversos sectores sociales. Todo esto, más el llamado a reforzar filas en la organización de las bases de AP, son síntomas de una debilidad inocultable.