7 de November de 2013 00:01

UN AÑO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

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Un año después de la instalación de los magistrados de la Corte Constitucional, conforme al mandato de la Carta Magna para su renovación, una revisión de los procesos tramitados sugiere que los expedientes que algo tienen que ver con la Función Ejecutiva han sido priorizados.

Esa valoración produce la idea de falta de independencia. Esa condición, que no genera confianza en la ciudadanía, empezó a percibirse desde el mismo procedimiento de renovación de los magistrados que, en función de la norma de la Ley Suprema, se cumplió hace un año.

Muy conocido y ventilado fue el proceso de selección; cuestionado el trámite de la calificación, y evidente la cercanía de algunos magistrados al poder político imperante. Hoy la Corte Constitucional, como antes el Tribunal Constitucional o aun el antiguo Tribunal de Garantías, requiere de los mínimos espacios de independencia para que los fallos y su jerarquización, así como la actuación conforme a conciencia y leal saber y entender de los magistrados, no sufra presión alguna y peor influencia de actores políticos. Esa sensación supuso cuestionamientos en el pasado y puede conllevar a críticas en el presente.

Hay muchos expedientes acumulados. De ellos hay algunos de trámite indispensable. La solvencia de magistrados debe estar más allá del bien y del mal, algo vital para enfrentar tareas como la propia interpretación de la Constitución de la República.

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