Farith Simon

Corrupción e impunidad

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La impunidad se define como la falta de castigo o respuesta a un delito, puede darse por varios razones: autor no descubierto; fracaso de la investigación; errónea calificación penal inicial; prescripción de la acción o de la pena; querellas mal presentadas; carencia o insuficiencia de pruebas; dilación o morosidad judicial; presiones populares o conveniencias del juez; procedimientos lentos o engorrosos; congestión en los tribunales; incapacidad, intrigas y corrupción de los funcionarios; laxitud en la apreciación de la prueba o en la interpretación de la ley; carencia de medios materiales; sustracción, pérdida de expedientes; escasa colaboración de técnicos, expertos, auxiliares de la justicia y reducida cooperación de los ciudadanos.

Existe una categoría de delitos, los llamados de cuello blanco, en los que el factor de impunidad radica en la relación que tienen los delincuentes con el poder o porque el mismo delincuente maneja una cuota de poder. El infractor se aprovecha de la institucionalidad para cometerlos y para impedir ser sancionado, organiza sistemas para cubrir sus huellas, acumula complicidades, forma asociaciones que terminan operando como entramados casi mafiosos para protegerse. Las instituciones encargadas del control, investigación, juzgamiento y sanción son condicionadas por estas personas con poder, cuando son puestos en evidencia o descubiertos siguen un guión previsible: declaran su inocencia y afirman que su honestidad es evidente; se muestran sorprendidos, incluso ofendidos, dicen ser víctimas de maquinaciones, de complots políticos. Aprovechan su posición para incrementar la presión sobre jueces y fiscales, ganan tiempo para ocultar las huellas, las múltiples complicidades y relaciones ayudan porque si cae uno los demás pueden caer, hay que cubrirse las espaldas.

El término delitos de cuello blanco fue acuñado, en 1939, por el sociólogo Edwin Sutherland para designar a las infracciones “cometidas por una persona de respetabilidad y estatus social alto en el curso de su ocupación”; con el tiempo la categoría se ha ampliado para describir a todos los delitos no comunes que se cometen aprovechando una posición en la sociedad. Son delitos con un gran impacto, mueven increíbles cantidades de dinero, pero lo más grave es que suelen poner en duda la existencia del mismo Estado y sus instituciones.

Por eso la impunidad en estos delitos es más grave, en el caso Odebrecht, y similares, está en juego la credibilidad de todo el Estado. Ya sabemos por este caso que existen complejas tramas corruptas que involucran a familiares de funcionarios públicos. Sí, las llamo tramas corruptas porque eso son quienes usan el poder para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio privado, no son acuerdos entre privados o cortesías. Esperemos que el juego de la política no siga apostando a la impunidad para proteger un supuesto éxito, la impunidad nos causará más daño como país que el perjuicio económico por la corrupción.