Farith Simon

“Impuesto al banano”

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En el mundo de la cárcel se conoce a la pensión de alimentos como “impuesto al banano”, designación que algunas personas consideran ocurrente, únicamente demuestra la banalización de un tema complejo relacionado con el cumplimiento de las obligaciones de los progenitores con sus hijos, pero además pone en evidencia una serie de estereotipos, algunos exacerbados por el agrio debate público sobre el impacto que esto tiene en hombres y mujeres.

La idea principal detrás de la pensión de alimentos es, qué sin importar las condiciones en que una persona fue procreada, existe una corresponsabilidad de los progenitores, una obligación conjunta, de cuidado y crianza. Esto tiene aspectos inmateriales: afecto, guía, cuidado, protección. Tenemos información suficiente sobre las marcas en nuestras vida provenientes de nuestra niñez y adolescencia, los aspectos emocionales son sustanciales, pero criar a niños requiere de dinero, el Estado tiene la obligación de asegurar estos deberes financieros.

Todos los temas de infancia y adolescencia deben encararse a partir de dos principios centrales: el interés superior y la corresponsabilidad del padre y la madre.

Cómo se tramitaban los alimentos (la mayoría de demandados son hombres) ponía a las mujeres en una situación de vulnerabilidad permanente. Las pensiones, con excepciones, son insignificantes. La mayoría de procesos tenían larga duración, cobrar esas pensiones era humillante. Los abogados que representaban a los demandados alargaban hasta el cansancio los juicios.

Los cambios legales, en particular el endurecimiento de los apremios, medidas cautelares y la “tabla de pensiones” son una respuesta a los muchos años de desidia, abusos y humillaciones; la reforma del 2009 era necesaria, lamentablemente nunca fue equilibrada: como sucede en muchas áreas no situó a la infancia como centro, se asumió y reforzó roles de género tradicionales: madre cuidadora, padre proveedor, sin preocuparse por los asuntos afectivos de las relaciones.

Pese a ciertos cambios culturales, cada vez más son los padres con las condiciones y disposición para asumir obligaciones en el cuidado de sus hijos, las normas y su aplicación causan un desequilibrio claro, violando en la mayoría de casos el principio de corresponsabilidad y permitiendo muchos abusos, los que no pueden ser tratados como hechos anecdóticos y aislados.

Se requiere una reforma legal, esta debe permitir superar la equivocada interpretación del constitucional en la aplicación de la tabla, pero tengo la certeza qué el mayor problema son los juzgadores, estos todos los días reproducen prejuicios y estereotipos, contribuyen a los excesos, mirando a otro lado cuando se da un mal manejo de las pensiones, coadyuvando al distanciamiento afectivo de los progenitores y sus hijos.

La solución a una historia de abusos no son más abusos, se requiere un debate serio en donde el centro siempre esté el interés de la infancia, sin reducir los derechos de las pensiones alimenticias.