La ley prohíbe al Estado endeudarse para pagar gastos corrientes. Esa norma, que a primera vista suena tan, pero tan sensata, tiene un defecto: es muy difícil de aplicar. Por eso algunos nos hemos opuesto a su misma existencia, no porque la norma sea mala, sino porque es (o era) virtualmente imposible de implementar.
Pero claro, nunca se debe subestimar la imprudencia de los ministros de finanzas de un gobierno inflado de arrogancia.
La lógica detrás de la prohibición de usar deuda para cubrir gasto corriente es algo tan evidente que parece innecesario insistir en ella. El concepto central es que cuando el gobierno se endeuda es para pagar algo que “dure”, un gasto “de capital”, una inversión, algo que sobreviva, dentro de lo posible, el plazo mismo de la deuda, y que transforme esa deuda en un patrimonio para el país. Por eso, el ideal siempre será usarlo para obras de infraestructura que, a su vez, tengan una larga vida.
El problema es que resulta demasiado fácil incumplir esta norma. Por ejemplo, cuando el gobierno se endeuda y deposita esa plata en su cuenta del Banco Central, es imposible distinguir los dólares que vienen de préstamos de aquellos que vienen, por ejemplo, del cobro de impuestos. Por lo tanto, lo único que hay que cuidar es que el gasto total de capital supere al endeudamiento.
O, supongamos que el gobierno anda corto de fondos pero le debe plata al IESS por el pago de aportes patronales. Como ese es un gasto corriente, no lo puede pagar con una deuda, pero es fácil saltarse la norma. El gobierno sólo tendría que pedirle dinero prestado al IESS, depositarlo en su cuenta en el Banco Central y, al día siguiente, pagar los aportes patronales con el dinero que obtuvo del préstamo del mismo IESS. Pero como el dinero ya pasó por la cuenta bancaria por la que pasan todos los ingresos del gobierno, es imposible ubicar la procedencia de “esos” dólares. Recordemos que “todos los dólares son iguales”.
Y una norma que es fácil de incumplir, como que tiene poco sentido de existir.
Pero, la infinita arrogancia lleva a una infinita imprudencia. Y dos ministros de finanzas del anterior gobierno se sintieron tan intocables que se olvidaron de esos “truquitos” para disimular el uso de los créditos y, ante una deuda del gobierno con el IESS que se originaba en gastos corrientes, directamente le pagaron con bonos del Estado. O sea, siendo tan fácil de disimular, lograron hacer evidente que pagaban gastos corrientes con deuda (los bonos son una forma de deuda).
Lograron lo que muchos creíamos imposible: la ley se volvió aplicable y su aparente incumplimiento es la base para glosas de la Contraloría contra dos ex ministros por un total de USD 77,2 millones. Cayeron por arrogantes e imprudentes.