Miguel Rivadeneira

Certezas sobre la inseguridad

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30 de May de 2011 00:08

Más allá de las tareas profesionales que cumple la Fuerza Pública frente al principal mal de las familias ecuatorianas, la inseguridad, los ciudadanos necesitan garantías, protección y que se ataquen las causas de esta realidad y no solo los efectos. Está bien que se combata con éxito y se reprima al crimen organizado, la presencia del narcotráfico, que ha crecido en el país, pero es fundamental la prevención y la adopción de políticas de Estado.

Cómo es posible que el Ecuador permita y mantenga el libre e indiscriminado ingreso de extranjeros, muchos de ellos vinculados a estos males, que se reflejan en los resultados que periódicamente enseña la Policía. En contraste, sí existen exigencias para los ecuatorianos que viajan a esos países.

Los altos niveles de inseguridad, la presencia del crimen organizado y de bandas con conexiones internacionales con el narcotráfico ha puesto, de nuevo, a revisar los papeles institucionales. Han hecho tan mal las cosas que cambiaron el marco constitucional y legal y ahora quieren volver a lo anterior.

Otra vez se vuelve los ojos a las FF.AA. para que actúen frente a las limitaciones de la Policía, que ha dado golpes exitosos en esta tarea y que ahora contribuye con sus unidades de élite en los patrullajes en las calles, pero resulta insuficiente. Empero, esta institución atraviesa una crisis innegable, agravada tras los sucesos del 30-S.

Es indudable que las FF.AA. han dado su valioso aporte profesional en este campo, lo que debe seguir haciéndolo, pero sería equivocado asumir la tarea principal ni dedicarse a esta materia, que incluso puede terminar contaminándole y deteriorándole (el caso de México). La mejor contribución que ofrece y debe impulsar aún más es el control de las fronteras en defensa de la soberanía e integridad territorial.

Uno de los problemas internos ha sido la falta de políticas de Estado y de presencia y cooperación permanente entre las diversas instituciones, no solo de la Fuerza Pública sino de todas las involucradas en este campo, incluida la acción fiscal y judicial. Por falta oportuna de ello se recurre inevitablemente al uso progresivo de la fuerza. Eso ocurrió con las acciones cumplidas en la frontera norte de Esmeraldas, en donde se destruyeron equipos que explotaban la minería de manera informal y al margen de la ley.

Tuvieron que actuar con la declaratoria de estado de excepción, que es constitucional y legal, pero tiene sus riesgos si se producen abusos de poder. La Constitución y la Ley de Seguridad Pública disponen sanciones hasta penales si se violentan los DD.HH. y señala que las autoridades civiles, militares y policiales serán responsables de las órdenes que impartan y que la obediencia de disposiciones superiores no eximirá de responsabilidad a quienes las ejecuten.