@farithsimon
La‘socialización’ (ya saben el uso extendido que se da a esta palabra para referirse a la propaganda y a la difusión o discusión de cualquier tema) de la propuesta de enmiendas constitucionales es otra evidencia de cómo el oficialismo confunde, deliberadamente, propaganda con participación, público con ciudadanos, ‘lecciones’ con debate, adhesión con deliberación. Ingresen a la cuenta de Twitter que difunde la información de la Comisión Especializada Ocasional para el tratamiento de la solicitud de Enmienda Constitucional (@Enmiendas_EC) y podrán confirmarlo; el proceso en su conjunto es poco democrático, los asambleístas lo usan para acumular ‘números’, dirán que miles y miles de personas participaron en la discusión para convencer a los convencidos, asegurando que éstas fortalecerán los derechos de todos.
No, señores y señoras asambleístas, las enmiendas por sí solas no aseguran derechos y no mejorarán o democratizarán la comunicación, tampoco el usar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna hará que esta mejore. Y en caso alguno la reelección indefinida ‘ampliará’ la democracia, en realidad la empobrece, la limita, la vuelve dependiente de los que con el tiempo se convierten en los ‘mismos de siempre’. Una larga permanencia en el poder convierte a la gestión de turno en poco transparente, especialmente cuando la institucionalidad es débil y no existe una verdadera independencia de funciones.El partido en el poder ha demostrado su inconsistencia discursiva una y otra vez, el trámite de las enmiendas en la Asamblea es un gran ejemplo, menos de cien personas buscan modificar decisiones, como la de limitar la reelección o la no participación de las FF.AA. en tareas de seguridad interna, aprobadas por millones de ciudadanos mediante un plebiscito.
El ejemplo de la disociación entre discurso y práctica se extiende a muchos aspectos de la vida del país. Uno de los más recientes fue el proceso de elección del nuevo Rector de la Universidad Andina Simón Bolívar. La comunidad universitaria se pronunció primero en una consulta, en forma casi unánime, en favor de César Montaño, cuya designación se confirmó luego en Bolivia, sin el apoyo del Gobierno. Montaño es un profesor reconocido, con amplia trayectoria, lo que garantizará el cumplimiento a cabalidad del cargo y, además, asegurará una condición básica para una entidad académica universitaria: la independencia frente al poder. Sin embargo, como en este caso la mayoría en la Andina –una clara expresión de adhesión democrática a quien tiene los méritos– no favorecía a los intereses del Gobierno, se alejaron de esa voluntad y dieron su apoyo a quien no tuvo respaldo de la comunidad académica, privilegiando por sobre el candidato con méritos, experiencia y apoyo, al que se considera leal al proyecto, desfigurando la democracia y la meritocracia que dicen promover y defender.
La revolución ciudadana ha desperdiciado, y seguirá desperdiciando, la oportunidad histórica de marcar la diferencia en la práctica política; luego de casi nueve años en el poder, se están convirtiendo en el pasado a superar.