9 de mayo de 2016 00:00

Fiscalía rastreó en 10 meses si en la Ecuafútbol se lavó dinero

La diligencia contra Luis Chiriboga continúa en la Unidad Penal con los alegatos de los abogados de los procesados. Foto: API

El martes pasado, Luis Chiriboga asistió a la audiencia preparatoria de juicio en Quito. Foto: API

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Sara Ortiz

La investigación del caso Ecuafútbol suma más de 690 carpetas y tres días de audiencia.

A través de informes, testimonios, asistencias penales internacionales y documentos incautados se detalla un supuesto lavado de activos en el interior de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

La Fiscalía tiene hoy un día clave en este caso. Esta mañana, la jueza de Garantías Penales de Pichincha, Ana Lucía Cevallos, decide si lleva a juicio o no a Luis Chiriboga, presidente de la FEF, quien tiene arresto domiciliario; a Hugo M. y Pedro V., contador y tesorero de la FEF, quienes se encuentran prófugos.

Estos dos últimos pertenecían al Departamento Financiero y según la Fiscalía tendrían conocimiento de “los movimientos económicos inusuales e injustificados” en las cuentas de la FEF en cuatro bancos nacionales.

Las firmas que autorizan estas transacciones pertenecen justamente a la de Hugo M.

A los tres, la fiscal del caso, Diana Salazar, los acusó de supuestamente haber movido USD 16 millones mediante 47 cartas de autorización de egresos firmadas por Chiriboga y que no habrían tenido respaldos legales.

Chiriboga, a través de su abogado Juan Machuca ha defendido su inocencia y asegura que todas sus actividades como dirigente deportivo y empresario fueron justificadas.

Según dice, el dinero de su cliente que ingresó al sistema financiero guarda relación con lo que declaró en el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Salazar, en cambio, presentó una auditoría realizada a la FEF, en el 2014. En este informe supuestamente se revelaría que existieron desvíos de fondos. “En las transferencias al exterior no se aplicaron las normas internacionales para justificar los fondos”, dijo.

Otro informe fue el de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) donde se detalla que Luis Chiriboga registraba ingresos que sobrepasarían los USD 700 000 y mantendría activos en una empresa por más de un USD 1 millón.

Todas estas evidencias la recopiló la Fiscalía en cuatro meses de instrucción fiscal y en seis meses de indagación previa, es decir, 10 meses.

El caso se inició en junio de 2015, cuando fueron reveladas supuestas redes de corrupción en la FIFA y que, como piezas de dominó, afectó a los altos dirigentes de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Incluso estuvo vinculado al caso Vinicio Luna, el cuarto sospechoso y excoordinador de selecciones de la FEF. Él ya fue sentenciado el martes pasado a 12 meses de cárcel, luego de que aceptara un procedimiento abreviado, que es una forma de juicio rápido.

Se aplica solo si el procesado acepta la existencia de los hechos a cambio de una pena más leve. En esa resolución, la jueza ordenó la incautación de un vehículo y una moto valorados en USD 32 400, que supuestamente no pudo justificar. Además, al pago de una multa de USD 64 800.

De hecho, Luna ya ha cumplido cuatro de los 12 meses de condena, que es el tiempo que ha permanecido privado de libertad en la Cárcel 4 de Quito.

Solo el quinto procesado, Francisco Acosta, secretario de la FEF, no fue acusado por la fiscal del caso Diana Salazar y la jueza Cevallos reconoció su estado de inocencia.

A las audiencias de la semana pasada, la fiscal Salazar llegó con un caso basado en investigación local y en evidencias recogidas por fiscales de otros países, que llegaron al país mediante asistencias penales internacionales.

En total, la Fiscalía hizo ocho pedidos de asistencia a Argentina, Uruguay, Paraguay, Panamá, Estados Unidos, Perú, Bolivia y Brasil.

A cada nación, Salazar solicitó información sobre cuentas bancarias y bienes de cualquiera de los procesados en esos países.
En la investigación local, en cambio, el expediente contiene versiones de otros dirigentes de equipos de fútbol y de jugadores de la selección, que incluso entregaron sus testimonios por videoconferencia.

Además, se realizó allanamientos a viviendas.

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