18 de agosto de 2015 17:07

32 asambleístas de Ecuador no registran título universitario

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Gabriela Quiroz y
Lucía Vásconez
EL COMERCIO DATA
data@elcomercio.com

Actualmente, 32 de los 137 asambleístas del Ecuador no tienen ningún título universitario registrado en la Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt). Esto representa el 23,3%. Estos datos fueron recogidos hasta el 20 de julio del 2015.

El Comercio DATA. En la foto, la sesión en el pleno de la Asamblea Nacional después de las declaraciones del presidente Rafael Correa por el tema de Ley de Herencias y Plusvalia. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

El Comercio DATA. En la foto, la sesión en el pleno de la Asamblea Nacional después de las declaraciones del presidente Rafael Correa por el tema de Ley de Herencias y Plusvalia. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

Los 105 legisladores restantes tienen entre uno y tres títulos de pregrado y de estos 49 tienen certificaciones de cuarto nivel.

La Constitución del Ecuador establece, en su artículo 119, que para ser asambleísta se requiere: tener nacionalidad ecuatoriana, 18 años de edad al momento de la inscripción de la candidatura y estar en goce de los derechos políticos.

Del grupo de no titulados, 23 son del movimiento oficialista, Alianza País (71,8%), el resto son de oposición. También se observa que cinco son nacionales, otros cinco, de Guayas y cuatro del exterior. Los restantes corresponden a 14 provincias.

También hay asambleístas que no han registrado sus títulos. Este es el caso de Patricio Donoso, de CREO, que siguió arquitectura y obtuvo su título en 1982, pero en el registro oficial de la Senescyt no consta ninguno.

A excepción de Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea, todos los legisladores son miembros de las 13 comisiones legislativas. Pero en ciertas comisiones como las de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral; Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social y Participación Ciudadana y Control Social hay hasta cuatro sin título, en cada una.

La primera, por ejemplo, tiene entre sus funciones recibir en sesión reservada la rendición de cuentas de las autoridades de Seguridad, entre ellas, de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), que hace poco fue vinculada por Wikileaks con la firma italiana de espionaje, Hacking Team.

La segunda estuvo a cargo de la aprobación en el Pleno de la Ley de Justicia Laboral, en la que se suprimió el 40% de aporte del Estado a las pensiones jubilares. Esta medida es parte de los reclamos de las marchas a escala nacional hasta hoy.

Históricamente han existido dos posturas acerca del perfil académico de los legisladores, cuyo salario actual asciende a USD 5 009. Hay quienes defienden que una mayor preparación profesional garantiza mejores leyes y otros creen que esto limita la representación de ciertos sectores de la sociedad.

Para el académico Felipe Burbano de Lara, un legislador debe representar a la sociedad y su diversidad en el Parlamento y esto se puede lograr independientemente del grado educativo que tenga. “Un buen nivel educativo es importante, pero al mismo tiempo creo que debe primar la cercanía con la sociedad, el vínculo con las masas y su dinámica, antes que el tecnicismo con el proceso legislativo”.

Entre las carreras de tercer nivel más comunes entre los legisladores está la abogacía (38), licenciaturas, principalmente, de educación (32), varias ingenierías (19). Una minoría son médicos, economistas, entre otras carreras.

La mayoría de títulos de cuarto nivel inscritos en la Senescyt están relacionados con la jurisprudencia y diplomas superiores en distintas disciplinas. Hay apenas 13 con título de magíster.

Al frente de la Asamblea están dos abogadas y una licenciada. La presidenta, Gabriela Rivadeneira, registró su Licenciatura en Gestión para el Desarrollo Local Sostenible, en mayo pasado. Rosana Alvarado, primera vicepresidenta, es licenciada en Comunicación Social y doctora en Jurisprudencia y es parte la de la comisión de Régimen Económico; Marcela Aguinaga, segunda vicepresidenta, en cambio, es abogada y parte de la comisión de Biodiversidad.

Burbano agrega que permitir solo doctores y PHD sería establecer un parlamento muy elitista y lo ideal es que sea lo más democrático posible, por esto cree importante que tengan asesores con un buen nivel académico para que las leyes expedidas sean adecuadas y fundamentadas.

Según el reglamento de la Asamblea Nacional, los legisladores podrán contratar dos asesores y dos asistentes administrativos para que les ayuden a realizar sus labores.

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