5 de febrero de 2016 00:00

La Universidad Andina

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Marlon Manuel Martínez Molina

Respecto a la carta suscrita por el Sr. Fabián Guarderas Jijón, titulada “El interés por la Univ. Andina” y publicada el 27 de enero de 2016, me permito indicar, contrariamente a lo que se indica allí, que el Gobierno Nacional tiene la obligación de velar y preocuparse por la situación administrativa de los centros de educación superior del Ecuador.

Este interés no es repentino ni casual. La situación de la Universidad Andina debería ser de interés de todos los ecuatorianos, pues se trata de una universidad pública de prestigio que recibe del Estado más de USD 16 millones al año, dinero de todos los ecuatorianos. Sorprendiendo con sueldos que, según medios de comunicación, bordearían en exceso los miles de dólares mensuales.

Pero lo fundamental se refiere a que el proceso en sí mismo no es transparente. La Ley Orgánica de Educación Superior indica que el grado de PhD debe ser de otra universidad a la cual se va a postular. Lo que no se difunde con amplitud es que, meses antes, las autoridades reformaron un Reglamento interno para evitar aquello. El problema es que un reglamento no puede imponerse sobre una ley orgánica, so pena de generar un caos jurídico. En tal virtud, duele caer en cuenta que los procedimientos internos llevados a cabo han cedido a intereses políticos y quizás hasta electorales. Ignorando el orden jerárquico de aplicación de las normas de acuerdo con el art. 425 de la Constitución. El apoyo del Gobierno a la educación superior se evidencia con más de 11 mil becas para estudios de pregrado y posgrado en el exterior, la creación de universidades (Yachay, Ikiam, de las Artes).

Cuestionar la inversión en este sentido supone cuestionar el desarrollo de la mayor fuente inagotable de riqueza de cualquier nación: el talento humano y el conocimiento.

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