4 de October de 2014 19:34

Larga lucha por limpiar ‘el honor’ de los alumnos

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Javier Ortega.  Redactor (I)
jortega@elcomercio.com

Eran las mismas frases, pero en carteles y momentos diferentes. Desde dos semanas atrás, familiares de los 60 alumnos del Colegio Mejía insistieron en que sus hijos “son estudiantes y no delincuentes”.

En febrero del 2013, los padres de 12 jóvenes del Instituto Central Técnico eran quienes gritaban idénticas consignas. Ellos aseguran que el tiempo “poco a poco les ha dado la razón”. 20 meses después del arresto, los estudiantes hablaron con EL COMERCIO. Hoy, unos son universitarios y otros trabajan o ayudan a sus padres en negocios familiares.

El 22 de ese mes, la Policía los detuvo durante las protestas registradas afuera del centro educativo. Contra ellos se abrió un proceso judicial por rebelión. Por eso permanecieron 35 días presos.Uno de los jóvenes arrestados fue Anderson Zambrano. Tras salir de la cárcel recibió la noticia de que iba a ser papá y adecuó un local familiar y lo convirtió en un restaurante. Prepara pescado frito los fines de semana y de lunes a viernes estudia en un instituto de gastronomía. Así costea los gastos de su hija Dana Sofía.

El próximo año piensa rendir los exámenes para seguir Arquitectura. En el colegio siempre se destacó en dibujo técnico y asegura que quiere aprovechar ese talento.

A Andrés Cantuña también le molesta el calificativo de “delincuentes” que utilizaron desde el poder para referirse a ellos. A partir del año pasado, él estudia Ingeniería Automotriz en la Escuela Politécnica Nacional y en su tiempo libre acompaña a su padre en un taller de mecanizado de piezas.

Los momentos más duros los vivió a su paso por el Centro de Detención Provisional (CDP). Los 12 compañeros dormían divididos en tres celdas, en literas o en el suelo. En las mañanas, por pedido del director del CDP, dictaban clases a otros internos. Por la tarde pulían los deberes que cada semana los padres entregaban en el colegio.

Solo tenían papel y lápiz. Los guías penitenciarios no permitían ingresar nada más. No había calculadoras, reglas y otros instrumentos básicos que utilizan los alumnos del área técnica. “Estaba a tres meses de graduarme y en mi cabeza solo estaba lograr eso”, relata Andrés en la sala de su casa, en la que vive con su familia.

Allí todos saben que el más afectado por el arresto fue su padre, Carlos. Un año y ocho meses después, todavía llora al recordar cuando veía a su hijo esposado y custodiado por policías. De la noche a la mañana -cuenta Cantuña- encontró la habitación de Andrés vacía.

Él insiste en su inocencia y asegura que nunca se probó que haya participado en las protestas afuera del instituto.

Washington Serrano es el abogado de los estudiantes. Aunque ya cumplieron la pena, ahora la ‘pelea’ judicial es por limpiar los récords policiales de los jóvenes. Ellos no quieren el antecedente delictivo que quedó registrado luego de que el Tribunal Noveno los sentenciara en julio del 2013.

Ese fallo se dio pese a que cuatro meses antes, el fiscal Borman Peñaherrera los absolvió por no encontrar “pruebas contundentes”. La condena ha sido apelada dos veces, pero las cortes de justicia han ratificado que los 12 estudiantes sí participaron en la protesta.

Ahora Serrano alista una demanda internacional que prevé presentarla el próximo mes en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

En la familia Castro Montalvo están conscientes que borrar la sentencia puede tardar años, pero van a insistir. Janeth es la madre de David y Kevin Castro. El primero permaneció 24 días en el CDP, salió 10 días antes que el resto de sus compañeros, porque justificó que tenía problemas de salud. El segundo pasó una noche en el Centro de Adolescentes Infractores.

David cursa el tercer semestre de diseño gráfico en la Universidad Tecnológica Equinoccial y su hermano se prepara para rendir el examen de ingreso a las universidades.

David, además, escribe un libro en el que narra cómo vivió el proceso. Ese 22 de febrero, él fue al instituto a retirar el acta de grado y no llevaba uniforme. Ya no era estudiante del Central Técnico. “Quería ingresar a la Policía. ¿Usted cree que iba a meterse en problemas? Ahora están demostrado que no son delincuentes como fueron calificados”, apunta la madre.

Horas después del arresto, Montalvo no sabía cómo dividirse para ver a sus dos hijos. Estaba sola. Su esposo residía en España. Su primera reacción fue llamarle, pero tenía apenas 17 centavos de saldo en el celular. “No podía hablar. Mi esposo me decía cálmese mijita, qué pasó. Yo solo le dije que me llamara de urgencia”.

Cuatro días después de esa fugaz charla, un avión procedente de Málaga traía entre sus pasajeros al padre de David y Kevin. En esa ciudad conducía un taxi y pidió permiso para ausentarse por tres meses.

El tiempo no le alcanzó y al regresar ya había perdido su empleo. Ahora maneja un vehículo para un hotel de Quito.

Los días que duró el encierro fueron complejos para Cantuña, Montalvo y el resto de familiares. Los martes, jueves y domingos madrugaban a las 02:00 para lograr el sello en el brazo que les permitía ingresar al CDP. Con esa identificación en la piel, retornaban a las casas, preparaban comida para los jóvenes y volvían a las 09:00.

Carmen Pillajo, suegra de uno de los estudiantes condenados, pedía que le “guardaran el puesto”. Vive en Guamaní (sur) y el primer bus salía al centro de Quito a las 04:00.

Pero de esos episodios quieren pasar la página. Aunque los alumnos fueron reubicados y se graduaron en otros institutos, dicen ser ‘centralinos’ de corazón. En algunos casos incluso hay tradición familiar. Carlos Cantuña egresó de ese colegio...

Cronología

22/02/2012. En los exteriores del Colegio Central Técnico hubo protestas por un posible cambio de nombre. La Policía detuvo a 12 jóvenes y aisló a otros 55 menores.

28/03/2013. El fiscal que llevaba el caso no acusó a los 12 alumnos en la audiencia preparatoria de juicio. Semanas después, el fiscal provincial revocó esa resolución.

29/07/2013. El Tribunal Noveno de lo Penal de Pichincha condenó a 21 días de prisión por el delito de rebelión a los estudiantes. La defensa apeló esa decisión.

En contexto

Esta semana se tramitó el caso de los 60 chicos detenidos tras las protestas del 18 de septiembre, en Quito. 15 recibieron una sentencia de dos meses de cárcel, seis no fueron acusados por la Fiscalía y 39 deberán hacer trabajos comunitarios a cambio de la detención.

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