15 de noviembre de 2017 00:00

El TCE tiene la última palabra para esclarecer quién dirige Alianza País

Gabriela Rivadeneira acudió al TCE, el lunes en la tarde, para plantear una denuncia. Foto: Paúl Rivas / EL COMERCIO

Gabriela Rivadeneira acudió al TCE, el lunes en la tarde, para plantear una denuncia. Foto: Paúl Rivas / EL COMERCIO

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Adriana Noboa

La división de Alianza País (AP) bloqueó legalmente al principal movimiento político del país. Mientras no se resuelva la disputa interna entre las dos facciones existentes, cualquier decisión tomada por sus autoridades podrá ser impugnada por el otro bando.

Si un grupo convoca una asamblea nacional del movimiento, por ejemplo, como fue anunciado por Gabriela Rivadeneira, dirigente de AP, el otro podría desconocerla.

En un extremo del oficialismo están los dirigentes ‘correístas’, encabezados por Ricardo Patiño y Rivadeneira, un grupo de directores provinciales y cantonales y 23 legisladores. Para ellos, sus máximas autoridades son: Patiño, presidente nacional; Jorge Glas, primer vicepresidente, y Rivadeneira, segunda vicepresidenta.

Del otro lado están quienes reconocen como presidente a Lenín Moreno. En la lista constan: José Serrano, titular de la Asamblea Nacional, la mayoría del bloque legislativo (46) y otros directores provinciales y cantonales.

Para ellos, la directiva nacional elegida el 1 de mayo se mantiene, con Moreno a la cabeza de la agrupación. Ellos están enfocados en impulsar el programa de gobierno del Ejecutivo, que incluye la convocatoria a consulta popular y referendo constitucional.

Esto desembocará, en pocos meses, en una nueva contienda electoral, a favor del sí o del no. Pero sin el control legal del movimiento, la inscripción para participar de la campaña podría verse obstaculizada.

Algo similar sucedió con la Izquierda Democrática, durante el proceso de inscripción de las organizaciones políticas, en 2012. Había dos facciones que reclamaban la dirección del partido. La inscripción definitiva y recuperación del control legal de la organización se logró cuatro años después, en 2016.

La solución al problema está ahora en las manos del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), quien deberá dirimir el conflicto y ratificar a uno de los dos bandos a cargo de la organización política.

Esto sucede mientras las demás organizaciones políticas del país se preparan, no solo para la contienda electoral por la consulta y referendo, sino también para las elecciones seccionales de 2019.
Los otros partidos y movimientos avanzan en sus procesos de renovación de directivas e incluso ya buscan y perfilan a sus posibles candidatos.

Hay un nuevo movimiento nacional que ingresó al tablero electoral esta semana: Justicia Social. Este fue aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el lunes.

De igual forma, hay otros que aún buscan su inscripción, como Democracia Sí, de Gustavo Larrea, y Pueblo Igualdad y Democracia, liderado por Arturo Moreno Encalada. Ellos están movilizando a sus bases en función de esos objetivos.

En cambio, los militantes de AP se mueven al vaivén de las facciones en pugna; cada uno por su lado. Ayer (14 de noviembre), Ricardo Patiño emitió un comunicado que suscribió como presidente nacional del movimiento. Ahí explica que la decisión del Comité de Ética, de sancionar a nueve dirigentes de AP, es nula.

Mary Verduga, presidenta del Comité, y otros dos miembros dictaminaron una sanción de seis meses para ellos, que implica la pérdida de susderechos como adherentes. Incluso Verduga aclaró que, de no acatarla, podrían ser separados del movimiento definitivamente, de acuerdo con lo que se establece en los estatutos.

Para Patiño y Rivadeneira, esto no es válido, ya que Verduga no es parte del movimiento. Según ellos, fue destituida al igual que Moreno, el pasado 31 de octubre. Y, de todas formas, Patiño aclaró que en el caso de que fuera válido, no se cumplió el debido proceso para tramitar dichas sanciones.

“La destitución (de Verduga) sigue en pie y toda decisión que puedan tomar no solamente es ilegal, sino es ilegítima, antiética”, agregó Rivadeneira. Para Juan Cristóbal Lloret, asambleísta y director de AP en Azuay, también sancionado, Verduga incumplió sus funciones al no resolver ningún caso disciplinario durante cinco meses.

Desde Carondelet no se ha vuelto a mencionar el tema. Moreno dijo hace dos semanas que no utilizará su cargo para lidiar con los asuntos internos de AP. Pero la demanda que presentó ante el Tribunal de Garantías Penales de Quitumbe demuestra que no está dispuesto a ceder el control de Alianza País. Los jueces avalaron su petición de medidas cautelares y ordenaron al CNE que no inscriba a ninguna directiva, mucho menos a una que involucre a Patiño y a Rivadeneira.

Esta decisión involucró finalmente al TCE en la controversia. Rivadeneira denunció ahí a los jueces por arrogación de funciones. Además, utilizó el argumento del titular del CNE, Juan Pablo Pozo, a su favor: el TCE es la única autoridad competente para resolver los litigios internos de una organización política.

En contexto
Por primera vez en más de 10 años, el principal partido político del país no tiene una directiva orgánica y alineada con los mismos objetivos. Para los ‘correístas’ es una prioridad recuperar el movimiento. Los ‘morenistas’ velan por la consulta popular.

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