El juicio en contra de los cuatro veedores del Caso Gran Hermano fue aplazado

Ayer, el abogado de los veedores, Ramiro Román (der.), convocó a varios testigos para que comparezcieran. Sara ortiz/ elcomercio

Ayer, el abogado de los veedores, Ramiro Román (der.), convocó a varios testigos para que comparezcieran. Sara ortiz/ elcomercio

Luego de dos años de que se inició el proceso penal en el caso Gran Hermano, ayer arrancó la etapa de juzgamiento. Sin embargo, a las dos horas de audiencia, esta fue suspendida. Se la retomará mañana desde las 08:30.

El motivo de este aplazamiento fue que la versión original de la acusación del presidente Rafael Correa no se encontraba en el expediente. En este documento estaba el testimonio juramentado que hizo el Mandatario en contra de Pablo Chambers, Víctor Hugo Hidalgo, Gerardo Portillo y José Quispe. En el 2009, ellos eran miembros de la veeduría que conformó el Mandatario para que investigara los contratos que suscribieron las empresas vinculadas a su hermano, Fabricio Correa, con el Estado.

Según el Presidente, los veedores habrían dañado su honra cuando afirmaron que sí conocía que su hermano tenía contratos y subcontratos (por más de USD 650 millones), por ello los acusó de un supuesto falso testimonio. El Primer Mandatario dijo que "fue producto de la mala fe, malicia, temeridad y odio político".

En la audiencia de juzgamiento, Ramiro Román, defensa de los acusados, pidió que se leyera el documento original. Pero al no encontrarlo, los jueces del Tribunal Sexto de Garantías Penales de Pichincha determinaron que, como además habían faltado testigos importantes de la defensa y el documento debía nuevamente ingresar por la Secretaría, la diligencia debía postergarse.

La suspensión del proceso no tomó por sorpresa a Chambers. A su salida del edificio judicial recordó que en la audiencia por nulidad hubo 10 diligencias fallidas y en todo el proceso se han cambiado a los fiscales.

Ayer, los acusó Fabián Almeida. Según el agente fiscal, el informe de la veeduría debía ser conocido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y no por la Contraloría, a la que se entregó el documento. "Se tomaron atribuciones que no les correspondían".

Marcela Miranda, expresidenta del Consejo de Participación, fue llamada como testigo en el proceso. La funcionaria dijo ante los jueces que en el 2009 dirigió la conformación de la veeduría y que en ese entonces no había un reglamento sobre el procedimiento.

Gutemberg Vera, abogado del Jefe de Estado, aseguró que "al país le consta que el Presidente nunca conoció sobre esos contratos". Y que cualquier afirmación en ese sentido "era temeraria y dolosa".

Chambers, en cambio, explicó que se trata de un juego político y pidió que el Mandatario asista a la audiencia, en lugar de enviar su testimonio. "Dé la cara", dijo. Pero Vera aclaró que Correa no estará en ella.

Según el Código Penal vigente, el falso testimonio comprende testificar con un informe, traducción o interpretación ante cualquier autoridad competente sobre un hecho que no es verdad, actuando con malicia. La pena es de hasta 5 años.

La frase:

"El documento que quería leer el Fiscal era hecho por abogados, quienes hacemos documentos privados, no documentos públicos".

Ramiro Román Abogado de los cuatro veedores

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