16 de August de 2010 00:00

El Gobierno ofreció disculpas en el caso Jaula de los leones

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Redacción Judicial

‘Floresmilo Bolaños se vio privado de libertad con infracción de las leyes del Ecuador y no fue juzgado en un plazo razonable”. Además, se le negó “una audición imparcial sin demora indebida”.

Los señalamientos fueron hechos en 1989 por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el caso número 238/1987: Ecuador. Este investigó las violaciones a los Derechos Humanos perpetradas por el Estado ecuatoriano contra Floresmilo Bolaños.

Él era uno de los porteros del zoológico de Quito, cuando este funcionaba en el extremo noreste del Colegio Militar Eloy Alfaro, en el sector de La Pradera. El 11 de septiembre de 1982, allí se hizo un hallazgo macabro: el cuerpo del joven Iván Egas fue encontrado en la jaula de los leones.

Bolaños fue acusado por ese hecho. En septiembre de 1982 fue detenido y permaneció en prisión hasta que el informe del Comité de DD.HH. de la ONU solicitara su libertad. Allí se incluyó: “Se sugiere que Iván Egas había sido el amante de la esposa de un coronel, que el coronel lo mandó matar y que posteriormente otras personas metieron el cadáver en la jaula de los leones”.

El Comité también pidió al Estado ecuatoriano que adoptara medidas eficaces para remediar las violaciones sufridas por Bolaños y el pago de una indemnización.

Anteayer, a través de un remitido de prensa, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos dio a conocer que: “La República del Ecuador solicita disculpas públicas al Sr. Floresmilo Bolaños y a su familia”.

Luego de 21 años de la comunicación del Comité de DD.HH. de la ONU (1 de agosto de 1989), en el remitido se informó que “el Estado ecuatoriano acepta la responsabilidad de las acciones y omisiones cometidas por funcionarios de la administración de justicia, quienes no protegieron los derechos del ciudadano ecuatoriano Floresmilo Bolaños, a un procedimiento eficaz con las garantías del debido proceso”.

En el informe del Comité se señaló que Bolaños informó al organismo internacional en 1988 que su derecho a ser enjuiciado dentro de un plazo razonable fue violado y en particular que, aun cuando la ley disponía que la detención previa a la acusación formal no debía exceder de 60 días, él estuvo detenido durante más de cinco años antes de ser acusado en diciembre de 1987.

Según afirmó, el retraso del procedimiento pudo atribuirse a la intervención de personal militar, que lo utilizó como chivo expiatorio para encubrir el crimen del coronel. Anteayer, el Gobierno dijo que su compromiso es evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir en el país.

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