31 de October de 2012 00:01

Ejecuciones extrajudiciales, impunes

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El cadáver del joven fue encontrado con 12 disparos en la cabeza y en el cuerpo. Estaba atado de pies y manos. Ocurrió el 1 de enero del 2002 y desde entonces Celva S., su madre, no conoce exactamente qué sucedió con él.

Lo único que sabe es que tres días antes, cinco policías de una unidad especial llegaron encapuchados a su casa en los Guasmos (sur de Guayaquil) y se llevaron a Carlos y a David D., un amigo del vecindario que tenía 16 años y a quien también mataron.

En el 2008, este caso pasó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hasta el momento no hay un pronunciamiento.

El expediente judicial del joven incluso se expuso en la Comisión de la Verdad (CV). Sin embargo, el organismo que investigó casos de torturas entre 1994 y el 2008 en el país, no lo incluyó en su informe publicado en junio del 2010.

En Guayaquil, las familias de las víctimas se unieron para denunciar los casos de torturas y muertes provocadas presuntamente por agentes de la Fuerza Pública.

Celva S. integra el grupo y dice que los une “la indignación y el dolor por la impunidad en la que se encuentran los casos”.

Entre 1998 y el 2011, el Comité Permanente de Defensa de Derechos Humanos (CDH) documentó 122 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en Guayas, El Oro y Los Ríos. Tras el seguimiento judicial reveló que el 90% permanece impune.

El organismo reporta que en este año, en las tres jurisdicciones se han registrado otros siete casos.

El último es la muerte de tres habitantes del sector Monte Sinaí, presuntamente a manos de ochos militares. Sucedió la tarde del pasado 8 de abril. Según testimonios de familiares, un grupo de soldados, con pasamontañas, desembarcó de una camioneta asignada a una patrulla de control de armas y se llevó a los tres hombres, de entre 22 y 38 años.

Sus cuerpos aparecieron al siguiente día, con disparos en la cabeza y atados de manos. Fueron hallados en unos matorrales, en las afueras de Guayaquil.

Dos días después, la Policía detuvo al grupo de uniformados, entre ellos un subteniente y un sargento segundo. Ellos estaban asignados a un batallón de la Policía Militar de una brigada de infantería, en Guayaquil. La Fiscalía los imputó por homicidio con agravantes. El proceso aún está en etapa de instrucción fiscal.

Carmen, madre de Walter T., una de las tres víctimas, dice sentirse inconforme con el proceso. “Era un muchacho trabajador, le arrebataron la vida sin razón”.

En el caso de Carlos y de David, un Tribunal de Disciplina de la Policía dio de baja a los agentes.

El 6 de agosto del 2002 los uniformados fueron acusados por un juzgado policial, bajo la figura de homicidio agravado y complicidad. Su sentencia, de 16 años de cárcel, se conoció el 23 de enero del 2003. Pero los gendarmes no cumplieron la pena, pues salieron antes, porque pasaron recluidos un año sin sentencia.

Los casos de torturas

Ecuador es signatario del protocolo adicional a la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas. Organizaciones como el CDH y el Comité de Familiares contra la Impunidad alertan periódicamente sobre hechos en los que estaría involucrada la Fuerza Pública. La muerte de Miguel también fue alertada.

La semana pasada, su padre buscaba, en medio de los papeles, una impresión a color de la foto de su hijo de 40 años, que tiene el mismo nombre.

En la fotografía se observa un cuerpo lleno de moretones. Presuntamente habría sido golpeado por policías metropolitanos de Guayaquil. Esto, durante una protesta de comerciantes informales, el 10 de junio del 2008.

Él aún recuerda esas escenas. “Mi hijo intentó defender a una señora a la que le echaron gas lacrimógeno. Por eso lo golpearon y se lo llevaron en una camioneta”.

Según el CDH, el Municipio negó que Miguel haya sido detenido en las dependencias de la Policía Metropolitana.

Así consta en una carta del Cabildo. “A mi hijo lo fueron a botar detrás de la Penitenciaría. Estaba ensangrentado”, dice el hombre.

La denuncia contra los metropolitanos se mantiene en investigación en la Fiscalía. Cuando supuestamente fue torturado por los uniformados, el hombre sufría una discapacidad física del 60% y su padre asegura que ahora el cuadro ha empeorado.

La Ley no se concreta

El voluminoso informe de la Comisión de la Verdad (CV) basado en la recopilación de testimonios de familiares y víctimas de torturas se tradujo en el proyecto de Ley de Víctimas que busca indemnizaciones para las familias.

La Comisión registró 118 casos de presuntas violaciones a los derechos humanos y 456 víctimas.

De ese número, 68 reportes tienen relación con ejecuciones extrajudiciales, 365 con torturas y el resto con desapariciones.

En la Asamblea, el primer debate de la propuesta de ley pasó el primer debate en abril pasado y ahora queda por aprobar en segunda y definitiva instancia en el Pleno de la Legislatura.

En una de sus recientes gestiones, en mayo pasado, el fiscal Jorge Cano, quien para esa fecha estaba asignado a la unidad especial que indaga los casos denunciados por la Comisión de la Verdad, pidió al CDH información sobre los casos que recopiló en las tres provincias.

De los 122 hechos reportados, 103 habrían sido cometidos por agentes de la Policía Nacional, 12 por efectivos que operan en las Fuerzas Armadas, cinco por agentes de la ex Comisión de Tránsito del Guayas y el resto por guardias penitenciarios.

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