15 de March de 2010 00:00

El Estado dio USD 100 000 a la Aldhu

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Redacción Judicial

La puerta de la oficina de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (Aldhu), en Quito, está cerrada. Sus integrantes acuden de forma esporádica y se reúnen en privado desde diciembre. En ese mes, el Ministerio de Gobierno intensificó una investigación por la asignación de fondos que esa Cartera dio a la Aldhu.

En 2008, la asociación recibió USD 100 000, cuando el monto aprobado en la Pro forma Presupuestaria del año 2008, presentada por el Departamento de Presupuesto a la Directora Financiera, era de apenas USD 4 256.

Fredy Rivera, ex subsecretario de Seguridad Interna, pidió una explicación al entonces director de auditoría, Gonzalo Carrera.

A través del oficio 0766 -del 30 de diciembre del 2009- el director de Gestión Financiera, Diego Gallo, informó además que su departamento “desconoce la razón por la cual se consideró el valor de USD 100 000, ya que el Grupo de Transferencias Corrientes fue ingresado en el sistema Sigef, por la Directora Financiera”.

La encargada del área financiera de la época era Yanina Morales. Ella aseguró que el aumento se dio tras un pedido de la Aldhu. “Nos solicitaron con oficio el incremento al presupuesto directamente a la Subsecretaría de Desarrollo Organizacional”.

Las transferencias -dice Morales en un escrito del 22 de diciembre del 2009- se dieron a partir del 17 de abril de 2008, “período en el que yo me encontraba fuera del Ministerio”.

Según la ex Directora Financiera, se consideró en la Pro forma del 2008 los USD 100 000 para la Aldhu con base en la carta compromiso firmada entre el Ministerio de Gobierno y Juan de Dios Parra, titular de la Aldhu.

Entre 2007 y 2008 hubo dos ministros de Gobierno: Fernando Bustamante y Gustavo Larrea. Bustamante aseguró que desconoce sobre esta asignación. “Es la primera noticia que tengo sobre eso”, enfatizó el sábado por la tarde a este Diario, vía telefónica.

Gustavo Larrea, en cambio, dijo: “Yo ya no estaba en funciones en el Ministerio sino Bustamante. No podía aprobar ningún desembolso”. Larrea integró la Aldhu antes de ser parte del Gobierno.

Fredy Rivera buscó explicaciones sobre la asignación desde el 27 de noviembre, pero inicialmente no tuvo una respuesta. El 12 de enero del 2010 envió un tercer escrito oficial donde solicitó “por última vez” la documentación al director de Auditoría.

A través del memorando Nº SSI-MG-2010-015 dio un plazo de 48 horas para entregar los “planes, programas o documentos de soporte”. De no atender el requerimiento, señala Rivera, “ procederé a solicitar su sanción”.

La respuesta llegó seis días después. El director de Auditoría Interna sostuvo que el único documento que refleja el “beneficio” para Aldhu es el Acta Compromiso de cooperación que se suscribió con el Gobierno en 1990.

Allí se establece que la Secretaría General de esa asociación y sus bienes gozan de inmunidad de jurisdicción: “sus bienes y archivos son inviolables y están exentos de registro, requisición, confiscación, expropiación y de toda forma de intervención”

Pero el 25 de febrero del 2009, el presidente Rafael Correa dio por terminado dicho Acuerdo a través del Decreto Ejecutivo 1582 y se dio vía libre para pedir cuentas a la Aldhu.

El detonante fue la entrega injustificada de certificados de refugiados a colombianos que hizo la Asociación en la frontera. Fredi Castillo estuvo a cargo del proceso como parte de la Aldhu, pero fue señalado por Inteligencia como miliciano de las FARC.

José Ignacio Chauvín, cercano a Castillo, también apoyó la carnetización y él ahora es indagado por su presunta participación en tráfico de drogas de las FARC.

Rivera pidió a la Contraloría que “designe los respectivos auditores externos” para que realice un examen especial a las cuentas de la asociación entre 2005 y 2009. Pero el ente de control ya hizo en 2009 otro examen a las cuentas. El 1 de septiembre de ese año entregó el oficio No 16886-DAE donde se asegura que no se encontró “hechos que ameriten una acción de control”.

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