30 de marzo de 2014 00:01

Los waorani de Dicaro están aislados por matanza taromenane

Una imagen de Ompure Omewai, quien fue lanceado por taromenane el 5 de marzo del 2013 cerca de Yarentaro. Foto: Cortesía, Fundación Labaka
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Dimitri Barreto. Desde Orellana

En hilera. De nada sirve dejarse marcar el brazo con el número de turno (207 a las 10:48) ni retirar los cordones de las botas ni encargar gafas, llaveros o cualquier objeto que pudiera derivar en uso cortopunzante.

Es miércoles de visitas, pero quien pretenda saludar a los waorani detenidos por genocidio tiene restringido el paso hacia el otro lado de la cerca de alambres y afiladas concertinas.

El lugar es el Centro de Rehabilitación Social Sucumbíos (CRS), en las afueras de Nueva Loja, en la Amazonía de Ecuador. Y una alambrada es solo el primero de tres filtros a los que se someten los visitantes.

La dirección del internamiento aplica un régimen diferenciado para las siete personas detenidas por la matanza de pueblos ocultos (taromenane) en el Yasuní, el 30 de marzo del 2013.

Reciben visitas los martes y jueves y no tienen contacto con los otros privados de libertad. Para Huepera Tocari, hermano de uno de los internos, se trata de un acto inhumano. "Waorani no ha conocido este tipo de cárcel. Mi hermano está mal. Dice, aquí no hay cómo mover".

"Los siete waorani pasan todo el día en una celda, mientras los demás detenidos se pasean en los patios", denuncia Andrés Acaro, abogado de los indígenas. "Les sacan a caminar solo una hora al día, de 17:00 a 18:00, pero dentro del pabellón. Argumentan que es un grupo vulnerable y no quieren que se contamine con el mundo exterior".

Los waorani interpretan que vengar las muertes de Ompure y Buganey, el 30 de marzo del 2013, no fue un acto de genocidio, sino una conducta subordinada a su cultura. Ompure era el único ecuatoriano, indígena waorani, que tenía un vínculo con los taromenane. El 5 de marzo, ellos lo lancearon, al igual que a su mujer, en Yarentaro, una comunidad wao enclavada en la selva del Bloque 16.

"El Ompure era simple y emblemático", refiere el wao Jorge Yeti, con la mirada perdida en Dicaro, el lugar donde el anciano nació, también dentro del campo petrolero adjudicado a Repsol-YPF. "El Ompure cuenta la vida waorani, sabe chiste, canta la música, camina día y noche, trae caza de selva, viene a las fiestas con lanza, hace bailar, hace que gente cante waorani".

¿Por qué lo mataron? "Ompure tenía que cumplir una misión que finalmente no pudo, porque el Estado ecuatoriano nunca le facilitó los instrumentos con los que debía llegar al mundo taromenane", dice Acaro. "Y ahí deben haber responsabilidades. Eso, por desgracia, no está investigando la Fiscalía. Se investiga la consecuencia, pero no la motivación inicial".

De la incursión waorani al territorio de los pueblos ocultos hay evidencias. Las fotos hechas el 30 de marzo del 2013, por uno de los expedicionarios wao que se internaron en la selva para vengar las muertes de Ompure y Buganey, muestran dos chozas con techado de paja. Las imágenes se publicaron el 25 de septiembre del 2013 en el libro 'Una tragedia ocultada'.

Las casas taromenane existen. Dos bohíos, como los reseñados en esas fotos, fueron hallados el 29 y 30 de noviembre, a 50 millas del Coca, en la selva del Yasuní, en Orellana.

Así lo refiere el Informe Técnico Pericial de Reconocimiento del Lugar de los Hechos. El documento es el número 1322-2013 y tiene las firmas del teniente Edwin Diguay, el cabo Carlos Sánchez y el cabo Wilson Herrera, peritos del Departamento de Criminalística de Pichincha. Allí se detalla que en la incursión oficial se recogieron 18 indicios, ninguno de ellos hace referencia a pruebas de la matanza. No se encontraron restos humanos.

¿Por qué las autoridades esperaron ocho meses para ingresar al lugar de la matanza? "Es un sector de selva y para nosotros los mestizos es muy difícil acceder allí", responde Pío Palacios, fiscal provincial de Orellana.

Un fiscal a su cargo, Rolando Franco, inició la indagación previa de la matanza, bajo reserva, y nunca ingresó a la zona. Palacios no le permite hablar con la prensa (el juez de la causa también tiene prohibido hablar, como el funcionario de Medidas Cautelares).

A finales del 2013, "instancias superiores" delegaron la investigación a Andrés Cuasapaz, fiscal de la Comisión de la Verdad en Quito, y el proceso se aceleró. El 26 de noviembre, él inició la instrucción fiscal que se sigue en el Juzgado II de Garantías Penales de Orellana, con la cual se ha procesado a 17 waorani (10 prófugos). El miércoles finalizó la instrucción fiscal y el caso, que tiene más de 65 folios (6 500 hojas), se remitió a consulta de la Corte Constitucional, para que esta determine si el juzgamiento por genocidio (sancionado con reclusión de 16 a 25 años) vulnera los derechos de los waorani. El juicio se suspendió. La Corte tiene 45 días para pronunciarse. Yeti dice que las órdenes de prisión también debían suspenderse.

"En términos jurídicos, un delito se configura con la existencia de material de evidencia recogida de forma técnica", sostiene Acaro. "Como no hay cadáveres, pregunto: ¿existe el elemento material para configurar el delito de genocidio?".

Huepera Tocari, líder en Dicaro y sobrino de Ompure, lo recuerda. "Taromenane vinieron matar Ompure y Buganey. Por eso hicieron búsqueda hijos, hermanos de Ompure, hermano, hijo Buganey. Waorani hizo un golpe; no delito de matanza. Fue golpe por golpe y ya hicieron libertad taromenane-waorani".

Acaro insiste en que el caso debe ser resuelto por la justicia indígena. "En el mundo occidental es delito el acceso carnal a una menor de 18 años. En el mundo waorani no, para preservar la especie; si un clan mata a alguien de mi grupo, actúo de la misma forma y en compensación me llevo a dos personas que desapareciste".

Además de las casas y los testimonios de muertes están las dos niñas taromenane tomadas por los vengadores. Una llevada a Dicaro por uno de los hijos de Ompure. Otra, a Yarentaro.

El 26 de noviembre, las pequeñas fueron incluidas en el Programa de Protección de Víctimas de la Fiscalía. "A niña Yarentaro le sacaron sin avisar nada, persona cara tapada y oficiales llevaron de escuela, lloraba, helicóptero", relata Huepera. En Dicaro temen que ocurra algo similar. Huepera no permite el ingreso de extraños. "Niña Dicaro tranquila", asegura. "Tiene 3 años, habla, entiende. No come fuerte sal ni colas ni lo que viene fábrica afuera, para no enfermar. Ahí está subcentro de Dicaro, Ministerio de Salud está cuidando bien".

El juicio causó heridas en Dicaro. "Las mujeres lloran esposos. Desesperadas, sin recursos económicos, sin hombres que hagan caza libres en selva; ahora hijos dejan escuela; empresa no ayuda", refiere Yeti. Allí, los detenidos y quienes están prófugos son familia de Ompure, trabajadores del petróleo.

La cronología

5 de marzo 2013. Ompure y Buganey, ancianos waorani, fueron lanceados y asesinados por indígenas de los pueblos ocultos (taromenane) cerca de Yarentaro, Bloque 16.

14 de marzo 2013. El Obispo de Aguarico alertó al Ejército y a la Gobernación de Orellana de la introducción de armas y balas en Yarentaro y pidió un control para evitar muertes.

30 de marzo 2013. Indígenas waorani entraron a la selva. Se produce la matanza taromenane. Dos niñas de ese clan son llevadas a Yarentaro y Dicaro por los hijos de Ompure.

14 de mayo 2013. La Relatoría de Pueblos Indígenas de la ONU pidió prevenir la violencia en el Yasuní. La CIDH pidió en abril datos de las medidas cautelares para los taromenane.

15 de mayo 2013. El Gobierno citó en Carondelet a la Iglesia, la Fundación Labaka, el Fiscal, expertos, etc. y formó una comisión para indagar la matanza.

25 de sep. 2013.  Una jueza prohibió la circulación del libro 'Una tragedia ocultada', de Miguel Ángel Cabodevilla y Milagros Aguirre. La acción duró un día.

26 noviembre 2013. Se abrió una instrucción fiscal por el ataque del 30 de marzo. La Policía ingresó a Yarentaro y se llevó a la niña taromenane. Hay 7 waos presos.


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