6 de June de 2009 00:00

Así reguló el Gobierno venezolano a la prensa

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Redacción Política
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La sintonía ideológica entre los  presidentes Rafael Correa y Hugo Chávez  también incluye su deseo de  controlar a los medios y la prensa.

La noche del 23 de mayo, en el Salón Amarillo de Carondelet,  expresaron su deseo de  que un organismo regional regule  a la prensa, a la que consideran un instrumento de la oligarquía para desestabilizar sus gobiernos.

Esa no es la única coincidencia entre ambos mandatarios. Casa adentro los dos mantienen una pugna permanente con los medios privados. En especial a  aquellos que mantienen  posiciones críticas, a los que acusan de ser actores políticos   de oposición.

Sin embargo, en ese punto, Chávez lleva la delantera. Su gobierno, en 2004, ya dictó una Ley   para regular a  los medios de comunicación. En cambio, Correa y su bloque de asambleístas  están en  fase de redacción de la ley de comunicación, como dispone la nueva Constitución redactada por el Movimiento País.

Por el momento, el Gobierno y sus legisladores han arrojado pocas pistas sobre el rumbo que desean para ese cuerpo legal. Sin embargo, pronunciamientos como los de Correa y del asambleísta Rolando Panchana conllevan a pensar que la Ley venezolana pudiera ser un modelo a seguir. Esta semana,  Panchana dijo que ante la incapacidad de la mayoría de los medios de autorregularse, era necesaria e indispensable la  ley.
 
¿Cuáles son los rasgos    de  la Ley  de Responsabilidad Social en Radio y Televisión de   Venezuela?
 
Andrés Cañizález, comunicador  e investigador   del  Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, analizó ese cuerpo legal en la edición 98 de la revista latinoamericana de comunicación Chasqui.

Bajo el título “¿Retaliación política contra los medios? Venezuela: una ley punitiva”, el analista venezolano examinó los ejes  de ese cuerpo legal  aprobado  solo por los diputados chavecistas  y sancionada por Chávez a fines  de 2004.

El estudio destaca que la Ley fue producto de la larga  confrontación entre Ejecutivo y medios, que llegó a su punto máximo  durante el golpe de Estado de 2002. A partir de ese hecho, cuando la mayoría  de  medios privados cerró filas contra el Gobierno, la postura del
Régimen se endureció, al punto de prometer la redacción de  una ley que pueda llegar hasta  cerrarlos.

De hecho, el documento  enfatiza que la Ley de Responsabilidad establece   78 sanciones a los medios, a los que recarga de responsabilidades, mas no de derechos. “Se busca castigar a unos medios que ya el discurso oficial ha condenado sistemáticamente”.
 
A la hora de imponer esas 78 sanciones,  el Ejecutivo venezolano tiene peso específico. El juzgamiento y castigo está a cargo del oficialista  Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), cuyo director  depende  del Ministerio de Infraestructura.

“Los medios de comunicación (...) que son regulados a través de esta Ley solo tienen potestad de participación, mínima, en un Consejo de Responsabilidad Social, básicamente consultivo”, resalta el estudio de Cañizález.

Entre las funciones de la Conatel está la interpretación y evaluación de aquellas  categorías sensibles dentro de ese cuerpo legal, relacionados con temáticas como las de lenguajes, sexo, salud y violencia.  En ese punto, el documento señala que la Ley deja abierta las fronteras para interpretarlas.
  
“Estas categorías podrían prestarse a evaluaciones subjetivas por parte del órgano (Conatel) que aplicará la Ley”.
Según Andrés Izarra, ex ministro de Comunicación de Chávez y actual titular de Telesur, la Ley de Responsabilidad se convirtió en un instrumento   para “asegurar el respeto a las opiniones y voces de la mayoría, con lo cual se garantiza que, en el  uso informativo de los medios (...) prevalezca la verdad y la ética”. 

Aunque otras visiones,  como  la de la Comisión Interamericana de DD.HH., consideran que esa Ley conlleva a la intimidación hacia los medios. “La utilización de términos vagos, sumada a la existencia de sanciones que podrían ser excesivas, puede causar un efecto amedrentador sobre los medios  y los periodistas”.

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