5 de March de 2010 00:00

El Régimen vetó ocho artículos de la Ley Nacional de Datos

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Redacción Política
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Tres años -y no dos- sería el plazo para que las  entidades públicas y privadas se integren  al Sistema Nacional de Registros Públicos.
Esta es una de las ocho observaciones que el Ejecutivo hizo al proyecto de ley del Sistema  Nacional de Registro de Datos, que preparó la  Comisión de
Régimen Económico de la Asamblea.
 
El 25 de enero, los legisladores aprobaron el documento,  que tiene 35 artículos. El eje  de esta nueva legislación era crear un sistema público donde se recopile toda la información personal. Es decir,  los datos que se encuentran en los registros civiles, de la propiedad, mercantil, societario, datos de conectividad electrónica, bancarios, de propiedad vehicular, de naves, patentes, de la propiedad, entre  otros.
 
El proyecto  fue cuestionado,  porque la información sensible de las personas pudiera ser usada desde un organismo estatal.
 
Este nuevo ente será  la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, que es “entidad de derecho público, personería jurídica, autonomía administrativa, técnica, operativa, financiera y presupuestaria, adscrita al Ministerio de Telecomunicaciones”.

En el veto parcial, el  Ejecutivo propone que sea el Ministerio de Telecomunicaciones el que  defina las políticas para la organización del intercambio y la base de datos  entre los organismos que poseen esa información.  Para el nuevo sistema   propone estándares normados  con las  políticas de la Cartera de Estado. 

Por ejemplo, se  sugiere que  los registros sean  dependencias públicas desconcentradas con autonomía registral y administrativa en los términos de esta Ley, y sujetas al control, auditoría y vigilancia de la Dirección  Nacional de Registro de Datos Públicos.

Para  acceder a esta información, que puede ser pública,   regirá el reglamento que expedirá la entidad.   Además, se propone  que la dependencia dicte las normas técnicas y atribuciones para la integración del sistema.

Otra de las quejas que se presentó a la Ley es que no incluía  temas técnicos. Entre ellos, de protección en la Internet para que se  minimice  la posibilidad de un ataque de ‘hackers’ o la colocación los servidores -donde se almacene la información- que deberían estar distribuidos en diferentes lugares del país para que no sean vulnerables. 

El veto tampoco trae cambios sobre este tema. En el texto de la Presidencia se señala que   el nuevo organismo deberá  ejecutar “un control cruzado”  que enlace  al  sistema de interconexión entre los registros públicos y privados. 

Al  tratar sobre el  financiamiento de la  Dirección Nacional de Datos,  se planteó   hacerlo con presupuesto del Estado. 

Ayer, los asambleístas de la oposición insistieron en los cuestionamientos  al proyecto legal.  El 30 de octubre, cuando se iba a discutir la norma por primera ocasión,  los integrantes de  minoría en la Comisión de Desarrollo Económico entregaron un informe con sus críticas .

Patricio Quevedo, legislador de Sociedad Patriótica y miembro de esa comisión, sostuvo que la  creación de esta Dirección es atentatoria contra el derecho a la privacidad de las personas.

“Se discrepó con este proyecto de  Ley  porque no es simplemente una base de datos. Lo que se pretende es perseguir a los ciudadanos”.   Según Quevedo,  hay entidades que ya hacen ese trabajo y  que un nuevo ente es innecesario.  “La instalación del sistema informático y de la base de datos tendrá un costo adicional”, que según Quevedo no consta en el proyecto.

Otros asambleístas que formaron parte de la Comisión, como Irina Cabezas, de Alianza País, explicaron que se revisará la documentación que les llegó ayer de la Presidencia  y que en los próximos días habrá un pronunciamiento.
 
Los legisladores tendrán 30 días para debatir el texto. Para que los asambleístas insistan en su propuesta inicial deberán contar con 82 votos. En enero, el proyecto  fue aprobado por 71 asambleístas, 30 se opusieron y el resto se abstuvo o no fue a la sesión.    

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