24 de enero del 2017 00:00

Refinería: USD 537 millones en contratos complementarios

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Gabriela Quiroz
Mónica Orozco y Sara Ortiz
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La suscripción de contratos complementarios fue una de las causas por las cuales el costo del proyecto de rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas se elevó. De la revisión de documentos que este Diario realizó, se evidencia que hay acuerdos que suman hasta 16 veces más el valor contratado inicialmente.

Se trata de ampliaciones y modificaciones de obras y nuevos servicios, ya sea por causas imprevistas o técnicas. También se firmaban órdenes de trabajo y/o convenios de pago. De los USD 1 348 millones que se contrató en proyectos adicionales de las fases de rehabilitación y sostenimiento, el 40% corresponde a los contratos complementarios, órdenes de trabajo y convenios. Esto sucedió durante la gestión del exgerente de Refinación, Carlos Pareja Y. (hoy prófugo).

Este tipo de contratos fueron justificados con la Ley de Contratación Pública y son parte del respaldo que Pareja presentó en el juicio en su contra por supuesto cohecho. El art. 85 de esta legislación faculta estas contrataciones por imprevistos o asuntos técnicos y sin concurso público, siempre que estén debidamente “motivadas” y mantengan los rubros del contrato original. Pero si en una obra o servicio se requiere la creación de nuevos rubros, el art. 87 de la misma ley permite estos contratos hasta el 35% del valor actualizado o reajustado del contrato principal. Pero este porcentaje no se aplicaba para contratos de consultoría y del sector hidrocarburífero. Aunque, esta excepción ya no consta en la reforma del 2013 a este art.

La Gerencia de Refinación suscribió contratos que tienen desde uno hasta ocho contratos complementarios, según la documentación de 52 proveedores que se revisó. La contratista que más acuerdos registra es Worley Parsons (WP) con tres contratos principales y ocho complementarios.

Esta firma realizó estudios de ingeniería y fiscalizó el proyecto. Según la documentación de Petroecuador, WP fiscalizaba “proyectos de gran complejidad” y teniendo en cuenta “su renombre a nivel internacional se le designaban nuevas fiscalizaciones”. El reglamento de la Ley de Contratación establece, además, que las causas imprevistas o técnicas pueden invocarse por las partes y ser calificadas previo informe de la fiscalizadora. En este caso de WP, que no respondió las consultas de este Diario.

80 millones de contratos adicionales en 4 años

Las principales obras para la rehabilitación del sistema eléctrico de la Refinería Esmeraldas estuvieron a cargo de dos empresas.

El 19 de diciembre del 2011 se firmó el contrato para la Reparación Integral de las subestaciones eléctricas E, D, M de la planta con la empresa HM&H, luego de una licitación.

El costo de las obras fue de USD 3,1 millones, con una duración de casi ocho meses.

Seis meses después, el entonces gerente de Refinación, Carlos Pareja Yannuzzelli, quien estuvo en este cargo hasta julio del 2015, firmó el primer contrato complementario por un monto de USD 14,2 millones. Esto es, casi cinco veces más que el contrato principal. No fue el único que se firmó. En total, entre 2011 y 2014, se firmaron un contrato principal, cuatro contratos complementarios, un convenio de pago y dos órdenes de trabajo.

Excepto este último, todos los acuerdos adicionales excedieron el valor del contrato inicial.

La cuenta final con esta empresa por esas obras sumó USD 49,7 millones, 16 veces más que valor del monto principal el contrato principal.

Un factor que explica esta situación es que las obras se contrataron sin tener estudios previos e independientes que determinaran el alcance real de los trabajos a ejecutar, como establece el art. 23 de la Ley de Contratación Pública, según concluye un examen especial de la Contraloría a estos contratos del 17 de junio del 2015.

Señaló en que los estudios de ingeniería se incluyeron como parte de los pliegos de la contratación de las obras y no de manera previa.

Este Diario solicitó una entrevista el pasado 18 de enero pasado a HM&H, pero en la empresa se indicó que el gerente estaba fuera del país y se pidió contactarlo a partir del jueves de esta semana.

El 30 de julio del 2014, Pareja firmó un nuevo contrato para realizar trabajos en el sistema eléctrico. Esta vez fue de manera directa con MMR Group. Este proceso contó con la recomendación de la fiscalizadora Worley Parsons (WP), según un informe de la Contraloría de noviembre pasado.

La obra tuvo un valor referencial de USD 84,5 millones, luego se presentaron cambios en el presupuesto, que elevaron el costo a 98,5 millones. Esto fue aceptado por la Comisión Técnica y por la subcomisión integrada por la propia WP. La Contraloría cuestionó la participación de WP en esta subcomisión, pues solo debía estar conformada por funcionarios de Petroecuador. Además se firmó un contrato complementario por 26 millones.

Según fuentes oficiales, el representante legal de MMR en Ecuador está detenido en Panamá. Este Diario llamó al teléfono de la firma reportado a la Superintendencia de Compañías, pero nadie contestó. Pareja justificó durante el juicio que lleva la Fiscalía que las obras adicionales eran de vital importancia para la planta.

Cabe anotar que entre el 2009 y el 2010, durante la gestión de la Marina, se contrató el mantenimiento integral de turbogeneradores de la Refinería por USD 15,1 millones. Con ello y de los contratos disponibles, las obras eléctricas de la administración naval y de Pareja sumaron 189,6 millones.

Clarificar el agua costó 9 veces más

La rehabilitación del sistema de clarificación de agua subió de USD 4,1 millones a USD 36,4 millones. Se trata de un aumento de nueve veces respecto al contrato inicial, cuyo objetivo era dotar de agua potable libre de minerales para el uso del personal y para enfriar las calderas de la planta.

Además del aumento del precio, el plazo de ejecución pasó de 240 a 1 802 días. Esto se justificó con tres contratos complementarios firmados con la empresa Sesmo.

La Contraloría auditó el contrato principal y dos complementarios y concluyó que no existieron los suficientes estudios técnicos para justificar el amento del precio y no se respetaron los plazos.
Aparte de estos acuerdos, se adjudicó otro complementario por USD 6,5 millones, que no fue analizado.

La Contraloría identificó que en el segundo contrato complementario hay 10 servicios con precios unitarios que se duplicaron y hasta se cuadruplicaron con relación a los contratos anteriores.

Por ejemplo, el rubro de ingeniería detallada aumentó de USD 32 701 a 65 403. Lo mismo ocurrió con el control de calidad, que pasó de USD 65 223 a 293 504. Esto no tuvo una base técnica aunque Pareja, en su informe de 18 meses de trabajo, dijo que este contrato era necesario por un aumento de la capacidad de las piscinas, su impermeabilización y rediseño con hormigón.

Sin embargo, para justificar estas obras no se realizaron pruebas de rendimiento para sustentar la nueva capacidad, como tampoco se sustentó la existencia de problemas en la captación o filtración de agua. La conclusión fue que los contratos complementarios no contaron con la suficiente información técnica (…) y que las nuevas obras no estaban relacionadas al objeto del contrato principal”.

El gerente de Sesmo, Pablo Acosta, aclaró que en el precio de los tres primeros contratos (USD 29,9 millones) se incluye el valor del homigonado de dos piscinas de sedimentación de agua. Solo este trabajo, añadió, asciende a USD 18 millones, es decir, el 62% del monto final. Resaltó que se sustentó el costo con 12 estudios, entre estos de microbiología y se obtuvo informes favorables de la fiscalizadora, Worley Parsons.

La Contraloría también observó que los anticipos entregados por Petroecuador a Sesemo se gastaron en rubros que “no guardan relación con el objeto contractual”. Por ejemplo, la contratista adquirió siete vehículos, pese a que según el formulario 7-C, denominado ‘Compromiso de disponibilidad de equipos’, se incluía la utilización de un solo vehículo del contratista.

También se incluyó la compra de botellas de whisky Johnnie negro, por USD 600. Los gastos ajenos al objeto del contrato suman USD 371 166.

Aunque Acosta indicó que su empresa “ha cumplido plenamente”. Defendió que los anticipos y su utilización corresponden exclusivamente a gastos de inversión de la obra contratada.

92% de gasto fue ajeno al contrato

El laboratorio de control de calidad se consideró uno los proyectos claves del plan de rehabilitación de la refinería. Sin embargo, la Contraloría halló “improvisaciones e inconsistencias”, en los contratos complementarios, que hicieron que el precio del proyecto subiera 12,7 veces el valor inicial.

El contrato principal y los tres complementarios suman USD 32,8 millones, pero hay otros dos convenios de pago por USD 18,2 millones, que si bien no fueron examinados por la Contraloría, elevaron el precio a USD 50,9 millones.

Los acuerdos fueron firmados por Marcelo R., exgerente de Refinación (investigado por supuesto peculado) y Carlos Pareja Yannuzzelli.

Todas las obras fueron adjudicadas al Consorcio E&C&G, conformado por las empresas Ecuempire, Contarim y Geinco. El 9 de febrero del 2012, Galo Silva, procurador común, suscribió el primer acuerdo, luego de que el consorcio ganara la licitación.

La Contraloría observó que el 92,6% del valor de los contratos complementarios fue para obras que no tenían relación directa con al acuerdo inicial. Es decir, de los USD 32,8 millones examinados, USD 28,6 millones corresponden a obras “que no se ajustan al contrato principal”, un procedimiento que contradice el art. 85 de la Ley de Contratación Pública.

En total, Pareja justificó 14 obras nuevas como parte de la construcción de este laboratorio. Por ejemplo: rehabilitación de vías, creación de parqueaderos, un parque central y una pileta, la construcción de un cubeto y patio de maniobras, etc. Sobre la intervención de las vías, por ejemplo, señaló en su informe de gestión de 18 meses que “el anillo vial que une a la Refinería con las unidades de disposición final de desechos… era de tercer orden y que las vías eran inaccesibles”. Además, los suelos estaban contaminados con material pétreo.

Sin embargo, los trabajos presentaron problemas: la capa de asfalto de las vías no fue levantada y sobre esta se colocó hormigón rígido. Este material tenía fisuras tanto en el piso del laboratorio como en el de las vías. Este Diario buscó insistentemente la versión del Consorcio E&C&G, incluso se envió preguntas a su directivo por correo electrónico, pero no hubo respuesta.

La Contraloría también resaltó en su informe que estos problemas no fueron detectados por la fiscalizadora del proyecto, Worley Parsons.

Esa empresa tampoco verificó ciertas obligaciones de la contratista, como la provisión de instalaciones, campamentos y bodegas para los trabajadores. La energía eléctrica usada en la construcción, en cambio, no tuvo costo para el contratista. Aunque, según el Consorcio, se usó generadores eléctricos y torres de luz propias.

“En ninguno de los lugares en donde se ha ejecutado la obra se dispone de energía eléctrica de la refinería”. La obra debía estar lista en 240 días, pero al final se incrementó a 1 140.

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