El viernes pasado (19 de enero del 2018), la Corte llamó a juicio al exministro Alecsksey Mosquera y a otros 3 sospechosos de lavado. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO
Esta vez la Corte sí autorizó la presencia de Rafael Correa como testigo en uno de los juicios abiertos por la trama Odebrecht. El año pasado, al exjefe de Estado se le negó la posibilidad de comparecer a favor de Jorge Glas, sentenciado a seis años de cárcel.
Pero ahora, el exmandatario deberá responder el interrogatorio que prepara Franklin Arévalo, defensor del exministro de Energía, Alecksey Mosquera, procesado por lavado.
Este testimonio, cuya fecha aún no se define, se tomará pese a que la Fiscalía se opusiera.
El abogado quiere saber cómo se efectuó el proceso de licitación y contratación de la central Toachi -Pilatón, una de las obras salpicadas por la trama de sobornos de Odebrecht.
Concretamente, Arévalo le pedirá al expresidente que explique qué función desempeñó Mosquera en la denominada Comisión del Fondo Ecuatoriano de Inversión en los Sectores Energéticos e Hidrocarburíferos (Cofeiseh).
Este fondo se creó en el 2006 con el fin de asignar recursos a proyectos de esas dos áreas.
Un año después, en el 2007, el Cofeiseh -integrado por los entonces ministros Mosquera, de Energía; Galo Chiriboga, de Minas y Petróleos, y Fausto Ortiz, de Finanzas- autorizó la entrega de USD 470 millones para levantar Toachi-Pilatón, según documentos oficiales.
El dinero fue transferido a Hidrotoapi, la empresa que suscribió el contrato con Odebrecht para construir el proyecto.
Antes de que eso ocurriera, el financiamiento se había planificado por tres vías: un crédito del Banco de Desarrollo de Brasil, por USD 250 millones; un apoyo de Odebrecht por 80 millones; y el resto, 140 millones, con dinero público, pero al final esto no se concretó.
Según la defensa de Mosquera, las decisiones en el Cofeiseh se tomaban en conjunto y su cliente no tenía ningún poder de decisión en la adjudicación de la obra (a Odebrecht).
Las investigaciones de la Fiscalía advierten que debido a la “gran influencia” del exministro en el Feiseh, este presuntamente aceleró el desembolso del dinero para la constructora.
En el 2017, dos exdirectivos de Odebrecht ya reconocieron a la Justicia de Brasil que la empresa desembolsó USD 1 millón a “un representante del Ministerio de Energía del Ecuador (…) a cambio de obtener la liberación del financiamiento de Toachi-Pilatón”.
Hace tres días, Correa se pronunció sobre su comparecencia. “No sé qué tengo que decir a favor de Mosquera y a favor de ese caso, porque ni lo conozco”, señaló en Esmeraldas.
En abril del 2017, Correa sostuvo que el pago de 1 millón de Odebrecht a Mosquera fue un acuerdo “entre privados”.
La defensa del exministro también solicitó la comparecencia de Galo Chiriboga. En el 2007 él dirigió el Ministerio de Minas y Petróleos. Con base en los documentos del proceso de licitación, Arévalo asegura que Chiriboga, como miembro del Cofeiseh, propuso al resto de integrantes que se autorice el financiamiento de la central.
Ayer 23 de enero, Chiriboga habló con este Diario sobre estos hechos. “Lo que hicimos fue proteger al Estado para que con sus propios recursos pueda hacer el proyecto, y así no utilizar fondos de compañías extranjeras. Si el Feiseh tenía dinero, para qué íbamos a recurrir a créditos de afuera”, señaló.
Correa y Chiriboga pueden testificar presencialmente o a través de videoconferencia, según el Código Integral Penal (artículo 565)
Antes de la intervención de los exfuncionarios, el Tribunal tomará juramento a ambos y les advertirá que podrían incurrir en un delito de perjurio, en caso de dar falsos testimonios. Ese delito es sancionado hasta con tres años de cárcel.
Rafael Correa
En el 2007, el entonces presidente designó a Alecksey Mosquera como ministro de Energía, tras la salida de Alberto Acosta. Mosquera estuvo en el cargo hasta mediados del 2009. Correa ahora comparecerá en el juicio contra su exministro.
Galo Chiriboga
En julio del 2007, Chiriboga fue nombrado ministro de Minas y Petróleos. En octubre del 2008 dejó el cargo por “motivos personales”. En el 2011 se convirtió en fiscal general. En el 2017 lideró la investigación contra Alecksey Mosquera.