Vladimir Serrano / Politólogo
El presidente Rafael Correa anunció en una de sus alocuciones radiales su intención de trasladar la Presidencia de la República y otras dependencias administrativas al edificio del cuartel Epiclachima.
Por cierto, no es nuevo el propósito de realizar este cambio, puesto que en los años sesenta ya se habló de crear en la zona de La Alameda, una plaza de los tres Poderes -a semejanza de la existente en Brasilia- y, efectivamente, ahí estuvieron las funciones Legislativa y Judicial, hasta la ubicación de la entonces Corte Suprema de Justicia en la zona de Iñaquito.
Este proyecto tenía el grave inconveniente de sacrificar La Alameda, para edificar el Palacio de Gobierno; afortunadamente no se llevó a efecto y el centenario jardín se encuentra todavía en pie.
El primer traslado de la Casa de Gobierno en Quito en época hispana se realizó a principios del siglo XVII, ya que las llamadas Casas Reales, como era conocida entonces la sede del Gobierno, se localizaban en la actual calle Benalcázar, en su vereda occidental, en la plazoleta fundacional, donde hoy se encuentra el monumento a Benalcázar, lugar en que habían sido instaladas por disposición del primer presidente de la Audiencia, Hernando de Santillán, que en su informe al Rey, decía que se había comprado en 6 500 pesos de oro de 19 quilates.
Si bien algunos historiadores discuten sobre el lugar exacto, por tradición se piensa que estuvieron en aquella zona.
En el año de 1592 se produce la Revolución de las Alcabalas, siendo el sitio atacado y corriendo peligro la vida del presidente Manuel Barrios de San Millán. Desde entonces, se consideró al sitio inseguro y se pidió autorización al Rey para trasladar la sede gubernamental al costado occidental de la actual Plaza de la Independencia.
Le correspondió ejecutar la decisión al presidente Juan Fernández de Recalde, aunque el mayor empuje para el traslado lo tuvo el propio Cabildo de la ciudad, para lo cual se compró el lugar indicado, que era propiedad de Diego Suárez de Figueroa, tomando posesión el 27 de enero de 1611.
A los pocos años, el presidente Antonio de Morga se sentía incómodo en aquel edificio y propuso la compra de las casas vecinas para reedificarlas de cantería y ladrillo. El terremoto de 1627 obligó a una restauración adecuada.
El Palacio, tal como fue llamado siglos después, contaba con aposento para el Presidente, sala de audiencia y cárcel de corte; posteriormente, en 1779, en ese lugar estuvo también la cárcel de mujeres de Santa Marta.
El Palacio fue objeto de varias restauraciones durante los siguientes siglos, que fueron desde la remodelación de Carondelet, a través del arquitecto Antonio García, pasando por la colocación del enrejado que perteneció al Palacio de las Tullerías de París, en época de Antonio Flores Jijón, hasta la construcción del tercer piso como residencia presidencial por parte de Camilo Ponce.
El edificio es una joya histórica que merece una conservación adecuada y que por la violencia que ha caracterizado a la política ecuatoriana se ha encontrado en grave peligro de destrucción.
Basta recordar la Guerra de la Funeraria, cuando se intentó derrocar al general Rodríguez Lara, y en la que el edificio quedó como un harnero, por la balacera de que fue objeto.