15 de February de 2012 00:00

El Concejo debatirá la caja común para los buses

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Mañana, el Concejo Metropolitano analizará en segundo debate la Ordenanza que establece el Régimen Jurídico del Sistema Metropolitano de Transporte Público de Pasajeros.

La normativa busca definir la autoridad administrativa del Municipio sobre el sistema de transporte, así como la participación del sector privado y el derecho de los usuarios a un servicio de calidad. Seis concejales y expertos en el tema realizaron observaciones al proyecto de ordenanza.

Patricio Ubidia, presidente de la Comisión de Movilidad, explicó que la norma busca integrar la operación de los tres sistemas de transporte de pasajeros bajo la administración del Municipio: el Metro de Quito, los corredores troncales y el servicio convencional. Ubidia aseguró que una vez que entre en vigencia la Ordenanza se iniciará un proceso de reestructuración de las rutas y frecuencias de todo el sistema de transporte.

Esto, con el propósito de mejorar el servicio en las zonas alejadas y hacer que las líneas convencionales alimenten a los sistemas troncalizados en lugar de competir con estos.

Es decir, que los buses que circulan de forma paralela a los carriles exclusivos tendrán que reubicarse en otras rutas.

José Santamaría, presidente de la Cámara de Transporte de Pichincha, dijo que para eso es necesario realizar un estudio técnico y actualizado sobre el origen y destino de los usuarios para establecer la demanda y garantizar una estabilidad económica.

Ubidia acotó que esa estabilidad dependerá de la implementación de la caja común. “La idea es que todo el dinero que genere el sistema de transporte entre a un fondo común y luego sea dividido equitativamente entre los transportistas”.

El proyecto de ordenanza estipula un plazo de dos años para la aplicación de este modelo.

El edil Fabricio Villamar aseguró que la norma permitirá estructurar un modelo que finalmente garantice el control del sistema de transporte en la ciudad. “En el fondo, finalmente, se está cambiando el concepto de negocio por el de servicio”.

Actualmente, la mayoría de transportistas reciben en promedio de USD 20 al final del día. El monto depende del número de horas que se trabaja y de la cantidad de pasajeros.

Guillermo Abad, presidente de Justicia Vial, aseguró que la falta de una visión empresarial hace que cada bus se maneje como un negocio individual. Para él, esa es una de las razones que genera competencia entre conductores, los correteos en las calles y, en muchos casos, accidentes de tránsito.

A las 10:00 del pasado lunes, por ejemplo, varias unidades que circulaban por las avenidas Gran Colombia, Patria y 10 de Agosto llevaban entre cinco y 15 pasajeros. “Eso es porque no hay una adecuada gestión de las rutas y las frecuencias. El dueño del bus no sabe que circulando con tan pocos pasajeros es más lo que gasta, que lo que gana”, dijo Abad.

Para María Sol Corral, integrante de la Comisión de Movilidad, la tutela del Cabildo sobre la gestión del transporte, incluso impediría la concentración de capitales y de poder en determinados actores involucrados en el transporte. “También mejoraría la estabilidad laboral de los choferes, que se beneficiarían del Seguro Social”.

Pero para José Santamaría, presidente de la Cámara de Transporte de Pichincha, esta ordenanza debería ir acompañada de una actualización del Plan Maestro de Movilidad. “La última planificación no incluía la operación del metro”.

Santamaría dijo que para establecer acuerdos es necesario que el Municipio se presente con una propuesta que garantice una adecuada demanda del servicio y genere una rentabilidad justa. Acotó que cada transportista necesita, al menos, 10 años para recuperar la inversión que realiza en cada unidad. “Por eso, es necesario que los contratos de servicio se establezcan por ese lapso”.

Karina Gallegos, de la Asociación de Peatones de Quito, afirmó que no hay suficientes diagnósticos en el Distrito sobre el uso de transporte colectivo y las necesidades de los usuarios. Acotó que la planificación según las necesidades del usuario es un vacío, una muestra de la falta de participación de la ciudadanía en las decisiones que le competen.

La ordenanza

El proyecto plantea tres alternativas: que el Municipio ofrezca directamente el servicio, que negocie un contrato con un tercero o que delegue a una operadora privada.

En este último caso, el Cabildo puede ofrecer directamente el servicio si no se llega a un acuerdo con las operadoras privadas en 90 días. El Estado podrá concesionar o delegar.

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