11 de diciembre de 2017 00:00

Proyecto de Ley de Reactivación Económica inquieta a EE.UU. y a los empresarios

El dinero electrónico funciona desde el 2014 en locales comerciales. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.

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Evelyn Tapia  
y Redacción Negocios (I)

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El Ejecutivo trabaja hoy (11 de diciembre de 2017) en la revisión final del veto parcial a la Ley de Reactivación Económica. Esto implica que se plantearán cambios a una parte de este proyecto, aprobado por la Asamblea, el 29 de noviembre.

Según el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, el documento con el veto se enviará entre mañana y el miércoles a la Asamblea, para su votación.

En este contexto, la Oficina de Comercio de EE.UU. advirtió su preocupación en torno al proyecto, principalmente por la propuesta de traspasar la información crediticia de los burós privados a la Superintendencia de Bancos, según un documento difundido por la Cámara de Comercio de Quito (CQQ) y la Asociación de Bancos Privados (Asobanca).

La carta, firmada por John Melle, representante para el Hemisferio Occidental, señala que el traspaso del servicio de burós privados al Estado afecta los convenios establecidos en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS, por sus siglas en inglés).

“Si la ley se implementa, impediría a los proveedores existentes conducir sus negocios y demandaría que estas empresas le proporcionen al Gobierno data generada en el curso normal de su negocio”, advierte Melle en la carta.

Se trata de una medida que gremios como la Asociación de Bancos Privados, que forma parte del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), también rechazan. Además de este, hay otros siete aspectos que los empresarios piden incluir en el veto.

Por ejemplo se oponen al incremento de tres puntos porcentuales del impuesto a la renta y la propuesta de que la banca sea la responsable de la liquidez del país.

De la Torre dijo que este último tema no se incluirá en el veto. La mayoría de cambios son técnicos y de redacción. Añadió que el veto no afectará a la recaudación estimada, que asciende a USD 45 millones.

Para Julio José Prado, presidente ejecutivo de Asobanca, es peligroso que el Estado quiera que la banca sea responsable por la liquidez del país y no solo el Banco Central.

Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, considera que lo mejor sería el veto total, ya que “no se consideró la mayoría de acuerdos planteados desde el Consejo Consultivo Productivo y Tributario”.

El Legislativo podría allanarse, es decir, aceptar el veto que plantea el Ejecutivo, para lo cual necesita la mitad de la votación más uno.

El Pleno también podría insistir en el texto aprobado en su segundo debate. Para ello requiere las dos terceras partes de la votación.

La Asamblea tiene un mes para analizar el documento y votar, indica Pabel Muñoz, presidente de la Comisión de Régimen Económico. Acota que propondrá votar los elementos del veto por partes.

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