25 de June de 2011 00:01

Seis policías son sancionados por el 30-S

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El coronel Rolando Tapia quiso minimizar su salida de la Policía. “Me han evitado la molestia de ir a presentar personalmente mi pedido de disponibilidad”. Lo dijo molestó mientras salía de su audiencia de juzgamiento en el Palacio de Justicia de Quito, norte de Quito.

El Consejo de Generales de la Fuerza Pública decidió separar a Tapia bajo la figura de mala conducta profesional. El motivo de su separación fueron las declaraciones que hizo el 30 de septiembre pasado a la prensa, durante la sublevación de los policías.

Ese día, el Coronel era el jefe de la Escolta Legislativa y miembros de ese equipo y de otras dependencias policiales protagonizaron disturbios. Por eso, la Fiscalía acusa a seis ex miembros de la Escolta de, supuestamente, atentar contra la seguridad del Estado, al impedir el ingreso de los legisladores, especialmente de A. País.

Víctor Hugo Cevallos, abogado de Tapia en el juicio penal, tampoco se mostró sorprendido por la decisión del Consejo de Generales de la Policía. Él está más concentrado en el proceso por supuesto atentado contra la seguridad del Estado, que pudiera acarrear al oficial una pena de hasta ocho años de prisión.

Él aseguró que se ha demostrado la inocencia del coronel Tapia y que no podría ser condenado bajo los cargos que se le imputa desde el Ministerio Público. Lo mismo dijo Tapia, quien sostuvo que “se encuentra feliz” de haber demostrado a los jueces del Tribunal Penal que es inocente y que no atentó contra la seguridad estatal.

Yolanda Cortez, esposa de Tapia, dijo que espera ser liberado rápidamente, pues ha permanecido detenido desde octubre pasado y eso ha mermado su salud.

No obstante, Cevallos sostuvo que se pretende juzgar al coronel Tapia dos veces por la misma infracción y que eso pudiera ocasionar la nulidad del juicio penal.

A pesar de esta crítica, el juicio se sigue tramitando. Ayer, el Tribunal Segundo de lo Penal de Pichincha terminó con la etapa de alegatos del juicio. Está previsto que los jueces emitan su sentencia este lunes (ver breves).

La decisión que tomen los magistrados no cambiará el futuro, en la Fuerza Pública, de los gendarmes acusados. Ayer, Carlos Poveda, abogado del policía Marco Tibán (hermano de la asambleísta Lourdes Tibán, de Pachakutik), sostuvo que su cliente fue puesto a disponibilidad de la Comandancia General

Esta figura de sanción administrativa es la antesala para la salida de un gendarme de la Policía. La decisión final está en manos de los generales a cargo. En la misma situación están: Patricio Simancas, Mario Flores y Carlos Tasinchana, quienes también son acusados de la supuesta toma de la samblea. El oficial Francisco Noboa quedó a disponibilidad del Ministerio del Interior.

El abogado Poveda aseveró que existen presiones por parte del Gobierno para sancionar a los policías casa adentro y para que sean sentenciados penalmente. Poveda se sustenta en las manifestaciones que han realizado, desde el lunes pasado, simpatizantes y autoridades públicas de Alianza País y la visita constante de funcionarios de los ministros a la audiencia que dirigen los jueces del Tribunal Segundo de lo Penal.

Janeth Orbe, esposa del coronel de la Policía, César Carrión, también denunció la supuesta presión del Ministerio del Interior para que su pareja sea sancionada. Ella aseguró que Asuntos Internos de la Policía no encontró algún motivo para sancionar a Carrión por la rebelión del 30 de septiembre, pero “el ministro José Serrano ha pedido que ese informe tiene que ser ampliado”.

Orbe sostiene que desde el 14 de mayo pasado, cuando fue liberado en el juicio por el supuesto intento de homicidio del presidente Rafael Correa, no ha recibido nuevas funciones en la Policía.

La Comandancia de la Fuerza Pública no se pronunció ayer sobre la salida del coronel Tapia y la situación laboral de los otros cinco miembros de la entidad.

Extraoficialmente se conoció que se abrieron investigaciones a más de 100 gendarmes, de todos los rangos, por su participación en la sublevación del 30 de septiembre pasado. Y que se espera que se reúnan los consejos de disciplina para que decidan la permanencia o no en la Policía.

Otros procesos

La próxima semana se conocerá la fecha de la audiencia de apelación en el juicio contra el coronel de Policía, César Carrión, también acusado por el 30-S.

En mayo pasado, Carrión fue absuelto por el Tribunal Quinto de Garantías Penales de Pichincha en el juicio por supuesto intento de homicidio del presidente Rafael Correa. Esa medida no convenció a la Fiscalía, la cual decidió apelar esa resolución.

En ese mismo juicio están los policías Jaime Paucar (acusado de intentar quitar la máscara antigás al Presidente); Luis Martínez (acusado de usar la radiopatrulla para incitar a que se asesinara a Correa) y Luis Bahamonde (acusado de lanzar una bomba lacrimógena contra el Presidente). Los tres fueron absueltos por el Tribunal Quinto de lo Penal.

El Gobierno ha asegurado que existen pruebas tangibles, como videos, fotos y grabaciones en contra de los gendarmes, pero que no fueron aceptados por los jueces del Tribunal.

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