Rafael Correa dice que Ecuador necesita el dinero del Yasuní para superar la pobreza

El presidente Rafael Correa afirmó que su país necesita el dinero de la extracción petrolera de la reserva amazónica del Yasuní para superar la pobreza.

"No tenemos otro camino, necesitamos ese dinero para superar la pobreza", afirmó Correa en esta entrevista publicada este jueves (24 de abril del 2014) por el diario barcelonés La Vanguardia, en la que el presidente asegura que aprobar la extracción de crudo en Yasuní fue "la decisión más dura" de sus siete años de gobierno.

En la entrevista, realizada en ocasión de su viaje a la ciudad catalana para ser investido doctor "honoris causa" por la Universidad de Barcelona, el presidente ecuatoriano arremetió también contra los activistas que recogen firmas para someter este proyecto a una consulta popular.

"No voy a caer en la trampa de estos grupos que hoy piden consulta sobre Yasuní, mañana sobre la ley de aguas y que se oponen a todo por puro politiqueo. El 90% son los mismos tirapiedras", aseveró.

"Si mañana sustituimos las cocinas de gas por eléctricas -es una barbaridad que el pueblo ecuatoriano utilice como principal combustible el gas- también pedirán una consulta popular", añadió.

Correa anunció en agosto de 2013 su decisión de dar paso a la actividad petrolera en una zona de la reserva, tras fracasar su campaña para evitar la explotación de crudo, y la consecuente emisión de gases contaminantes, a cambio de un millonario aporte internacional que nunca se concretó.

"Acordamos USD 3 600 millones y a la hora de la verdad no recogimos ni el tres por mil...", afirmó Correa.

La Asamblea acogió en octubre el plan de Correa, quien promete un mínimo impacto ambiental y asegura que los millonarios recursos de la explotación serán utilizados para erradicar la pobreza en Ecuador, que en 2013 afectaba al 23,7% de la población de casi 16 millones de habitantes.

Sin embargo, ambientalistas e indígenas sostienen que el aumento de la actividad petrolera en el Parque Yasuní generará graves daños sobre el ecosistema y pondrá en riesgo a las comunidades nativas en aislamiento voluntario.

Por ello, el pasado 12 de abril entregaron al Consejo Nacional Electoral más de 750 000 firmas para forzar la convocatoria de una consulta sobre el proyecto.

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