4 de December de 2012 00:01

Primer año de gestión electoral tiene críticas

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Ha pasado un año desde que los actuales vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) asumieron sus funciones. Ahora, estos 12 meses de su gestión se balancean entre dos posiciones.

Por un lado, los vocales electorales consideran que se han logrado tres puntos claves: profundizar la democracia directa y participativa; imprimir transparencia y legitimación a la existencia de las organizaciones políticas con el fortalecimiento de su democracia interna, y finalmente la consolidación de los procesos electorales y la democracia en el país.

Sin embargo, políticos de oposición y analistas aseguran que el CNE no ha sido capaz de garantizar el desarrollo de procesos democráticos equitativos y que se ha evidenciado su obsecuencia con las políticas del Régimen.

Entre los temas que lo tuvieron en el centro durante el 2012 están: la revisión de firmas de las fuerzas políticas sin una clara base legal; la creación de reglamentos fuera de tiempo que complicaron las estrategias de las fuerzas políticas del país; la poca comunicación con las organizaciones políticas y la falta de participación en la toma de decisiones claves; y la falta de rigor para controlar la publicidad gubernamental en favor de un candidato.

En comparación con el anterior Tribunal Supremo Electoral en el cual los siete vocales representaban a las fuerzas políticas más votadas del país, los actuales consejeros llegaron a sus cargos luego de un concurso público de méritos y oposición. Durante el proceso, una de las críticas fue la supuesta cercanía de los ganadores con el Gobierno. El titular, Domingo Paredes, fue ministro y el vicepresidente Paúl Salazar asesor del canciller Ricardo Patiño.

Ayer,  los vocales hicieron  su rendición de cuentas.  Destacaron el desarrollo de una nueva arquitectura institucional del Poder Electoral con  integración regional. Durante  este año se han invertido USD 46 millones.

Revisión de firmas

Aún no existen responsables

El Pleno del CNE tomó una decisión que colocó a sus autoridades en el centro de la crítica. A menos de un mes de que venciera el plazo para la inscripción de las fuerzas políticas (17 de agosto), el organismo decidió revisar nuevamente las firmas de todos los partidos y movimientos. El motivo fue que varias rúbricas habrían sido aparentemente falsificadas, esto se hizo público por las denuncias ciudadanas.

Para esa fecha, 11 fuerzas políticas a nivel nacional ya tenían su vida jurídica ratificada, por ello los cuestionamientos se centraron en dos puntos: que el CNE no tenía una base jurídica sólida para quitar en derecho adquirido y que el organismo estaba  “ajustando” un escenario electoral favorable para el oficialismo.

La revisión se dio en tres etapas. En la primera se revisó el 10% del total de las firmas. En la segunda se revisó el total de las firmas y en la tercera se dio la oportunidad para que las fuerzas políticas que ya tenían vida jurídica presentaran más firmas, de ser necesario.
Tres meses después fueron calificadas 47 organizaciones y  la Concertación se quedó fuera.

El costo del proceso fue USD 6 millones y hasta el momento no se han establecido a los responsables de la supuesta falsificación.

Relación CNE-FUERZAS POLÍTICAS

No hay puntos de acercamiento

Dirigentes de partidos y movimientos nacionales coinciden en que el CNE  los ha mantenido relegados de  la construcción de la normativa secundaria y en la toma de decisiones.  

Esto a pesar de que el organismo   implementó los denominados “consejos consultivos” con el objetivo de mantener una comunicación directa entre el organismo y los  líderes políticos.

El último acercamiento directo entre las fuerzas   y los vocales se dio a mediados de agosto. Durante esta reunión se elaboró un documento de “entendimiento” mediante el cual se recomendó  garantizar  la vida jurídica de las 11 fuerzas políticas  inscritas antes de la revisión de firmas, pero no se respetó este punto.  A esto se añade su  falta de participación en la construcción de los reglamentos de Democracia Interna y de Inscripción de Candidatos, que fueron claves para los comicios.

Además, los vocales tomaron  decisiones claves alejados de los centros de control político para  “descentralizar” la administración: en Galápagos se aprobaron las normas de   las alianzas políticas, la asistencia técnica a partidos políticos, las desafiliaciones y la auditoría electoral. En Portoviejo decidieron que la primera vuelta sea el 17 de febrero, así    permitieron que entraran en vigencia las reformas electorales.

La prensa, restringida

Incertidumbre de las normas

El CNE aún no elabora el instructivo que regulará el trabajo de la prensa durante la campaña electoral de los comicios de febrero del 2013. Esto luego de que el organismo fallara en su intención de lograr un acercamiento con los medios de comunicación mediante los denominados “diálogos ciudadanos”.

El meollo del asunto es la falta de consenso para normar el artículo 203 del Código de la Democracia que fue modificado por el presidente Rafael Correa y luego ajustado por la Corte Constitucional. Así el texto final dice que  “los medios de comunicación social se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta que tienda a incidir a favor o en contra de un determinado candidato, postulado, opciones, preferencias electorales o tesis políticas”.

Por un lado, el titular del CNE, Domingo Paredes, dijo que el instructivo “va porque va” y que buscará un nuevo acercamiento con los medios de comunicación. Pero representantes de los sectores periodísticos como la Unión Nacional de Periodistas  insisten en que no hay nada que regular.

Por otro lado, los comunicadores que cubren la fuente se quejan de la impuntualidad con la que inician las sesiones del Pleno, además   por el hermetismo de los vocales electorales en las coyunturas sensibles.

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