1 de June de 2010 00:00

El papel de los medios públicos estuvo en debate

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Redacción Guayaquil

Cinco comunicadores internacionales consideran que los medios públicos deben ser independientes de los gobiernos de turno. A esa conclusión llegaron durante un debate Medios Públicos: ¿públicos o estatales? que se realizó en la Universidad Espíritu Santo (UEES), la semana pasada.

Esto se realizó a propósito de la discusión sobre la Ley de Comunicación, que se realiza en la Asamblea y que está previsto que pase a segundo debate el próximo lunes 7 de junio.

La italiana Giovanna Tassi, directora de Radio Pública del Ecuador, propuso la creación de consejos ciudadanos para blindar los medios públicos de la injerencia gubernamental. Cuestionó que en esta discusión legislativa las universidades no se hayan involucrado. “Me llama mucho la atención que no digan que no se necesita una ley de medios sino de comunicación. Porque la Constitución habla de un sistema de comunicación”.

De su lado, Yanei Lezama, de la Universidad Nacional Autónoma de México, expuso la diferencia entre medios estatales y gubernamentales. Los estatales, dijo, tienen como vocación el servicio a los ciudadanos y no deben tomar posturas por ningún partido. Además necesitan manejar criterios rígidos de calidad y pluralismo. “Esto puede resultar difícil en países como Ecuador, en que los medios públicos surgen por decreto”.

Y los gubernamentales sirven para que el Gobierno comunique al país sus acciones.

Mauricio Mosquera, gerente de Telemedellín de Colombia, argumentó que la televisión tiene como finalidad entretener al público, independientemente de si es privada o estatal. Sin embargo, esta última tiene la misión de generar debates y ser la voz de la población que normalmente no sale en pantalla.

En países como Perú se discute un proyecto para que los medios estatales tengan una programación inclusiva, comentó el peruano José Perla, especialista en Derecho de las Comunicaciones. En México los medios públicos surgieron como una iniciativa académica. De ahí que mantienen gran distancia del Gobierno. Pero se financian con dinero del Estado. Este punto es uno de los polémicos en el proyecto de Ley ecuatoriano.

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