24 de April de 2010 00:00

El juicio al fiscal Pesántez se le fue de control

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Redacción Política

Silvia Salgado estaba advertida. El juicio político al fiscal Washington Pesántez era la prueba de fuego para la Comisión que esta legisladora preside.De lo que se trataba era de demostrar que la Asamblea, comandada por Alianza País, no estaba cerrada a la auditoría política de los poderosos. Y que si se lograba interpelar a Pesántez, uno de los amigos más cercanos del presidente Rafael Correa, la llamada revolución ciudadana hubiera dado un paso más hacia adelante en el proceso de reinstitucionalización del Estado.Pero sucedió lo contrario. La Asamblea Nacional puso a este proceso en el tan cacareado limbo. Y, con ello, crecieron las suspicacias sobre el poco interés del Legislativo en fiscalizar. Finalmente, se desnudaron nuevas evidencias de que es el presidente Correa quien tiene la última palabra en la agenda parlamentaria. Salgado es uno de los personajes centrales de este complejo episodio. La forma como codujo la sesión de los comisionados, el jueves 15 de abril, significó la puerta por la cual Pesántez esquivó con rapidez el juicio en su contra. Sin duda, una actitud contradictoria. Esa noche, la votación de los 11 vocales de Fiscalización derivó en empate. La tesis por el archivo del caso y la que sugería que el juicio político continúe en el Pleno alcanzaron cinco votos. El asambleísta indígena Marco Murillo optó por la abstención. Salgado pensó, entonces, en hacer uso de su facultad del voto dirimente. Pero se detuvo cuando Abdalá Bucaram Pulley (PRE) le advirtió que la doble validez de su sufragio era posible aplicar solo en las comisiones integradas por un número par. Así lo dispone el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Ante ese planteamiento, Salgado pidió al titular de la Asamblea, Fernando Cordero, que extendiera a la Comisión una prórroga de cinco días de plazo para profundizar el debate. El titular de la Legislatura, por su parte, le respondió que únicamente le daba dos días para que Fiscalización, a través de un informe, le detallara la votación de ese jueves para aplicar el artículo 15 del Reglamento de Comisiones. Este documento, a diferencia de la Ley Orgánica de la Legislatura, contempla la figura del voto dirimente para destrabar empates sin ponerle cuidado a si la comisión en conflicto está integrada o no por número par. Al detenerse ante la alerta que ‘Dalo’ Bucaram le hizo esa noche, Salgado dio el primer paso para dejar al caso del fiscal Pesántez en el suspenso jurídico.La legisladora ha argumentado que en su decisión pesó el deber de mostrar una conducta democrática. Y que por ello dio paso a la moción de pedirle a Cordero la prórroga de cinco días que tuvo el respaldo de 10 de los 11 vocales.La única que se pronunció en contra fue Betty Amores, para quien el Reglamento de Comisiones es perfectamente claro en el tema de la dirimencia. Por ello, esta legisladora ha tejido, en los últimos días, análisis muy críticos frente a la forma en la que Salgado procedió esa noche.En términos de la política real, el voto dirimente de la diputada socialista hubiera despertado un debate jurídico de proporciones. Pero sobre la base de un norte claro: el ánimo de la Comisión porque el juicio se ventile ante el Pleno de 124 asambleístas. Y que sean ellos quienes determinen la suerte de Washington Pesántez. Es por ello, que la actuación de Silvia Salgado es polémica. Vaciló al inicio y, con ello, el caso quedó congelado, ante un Fiscal, que ha hecho gala de la amistad y del apoyo político de Correa. El cabildeo que le correspondía hacer no resultó exitoso. Si se recogen como auténticas las declaraciones que el legislador Murillo dio al día siguiente de la sesión del empate, él hubiera apoyado con su voto la tesis de la dirimencia.Con ello, Salgado hubiera blindado el dictamen de la Comisión de Fiscalización, para que sea Cordero o incluso la Corte Constitucional los que diriman sobre la legalidad o no del fallo. Seguramente, el juicio a Pesántez, con ese primer veredicto, hubiera quedado en un suspenso similar a como está ahora. Pero bajo el convencimiento nacional de que la Comisión de Fiscalización y ella, como su presidenta, querían llevar el proceso de enjuiciamiento hasta el final. Que el Fiscal sea o no inocente de los cargos que se le imputan era una tarea que le correspondía a la Función Legislativa en su conjunto.En las últimas horas, Salgado ha demandado de la Asamblea responsabilidad ante el desafío por destrabar este caso. Su discurso de defensa de la causa fiscalizadora luce tardío. Mientras ella y Cordero, con sus acciones u omisiones, empantanaron el proceso, A. País contaba el jueves pasado, en un hotel, los votos internos para dejar a este caso sin epílogo.

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