Rechazo e indignación despierta en el mundo la segunda condena que la Justicia ecuatoriana dicta contra la prensa, por pedido del presidente Rafael Correa.
Ayer, organismos de defensa de la libre expresión, prensa internacional y actores políticos censuraron la sentencia millonaria contra los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita.
Ambos deben pagar USD 2 millones de indemnización al presidente Correa, por el contenido de su libro ‘El Gran Hermano’, que relata cómo empresas vinculadas a Fabricio Correa obtuvieron contratos con el Estado. La mayoría de esos pronunciamientos internacionales recordó que este juicio no es el primero que Correa adelanta contra la prensa independiente.
Desde el año pasado el Jefe de Estado intenta que se ratifique el fallo contra diario El Universo, al que lo acusa de injuria por un artículo de opinión del periodista Emilio Palacio (ver nota inferior).
Condena desde el exterior
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó como “desproporcionado” y como un “duro golpe al periodismo de investigación” el dictamen condenatorio.
“Las sanciones civiles por difamación no deben ser de tales proporciones que susciten un efecto inhibitorio sobre la libertad de expresión”, señaló el organismo.
Este es un nuevo pronunciamiento de la SIP sobre la situación de la libertad de expresión en Ecuador. El año anterior ya señaló que existe un acoso a la prensa, tras la visita de una misión.
Reporteros Sin Fronteras también rechazó la condena. Para la organización, el caso de ‘El Gran Hermano’ y la demanda contra El Universo creará un clima de “autocensura” en el Ecuador.
“Los dos casos destacan un régimen de sanciones desproporcionadas que constituyen una incitación a la autocensura (…). Esta vez, lo que se pone en peligro con el precedente de ‘El Gran Hermano’ es la capacidad de investigación de los periodistas.
Artículo 19, ONG que defiende la libertad de información y expresión en el mundo, también reprochó a la Justicia ecuatoriana.
A su juicio, los tribunales locales tienen una errada interpretación del significado de la difamación. “El fallo tiene un efecto amedrentador sobre el libre flujo de información en el país”. Por ello, conminó a la Justicia a respetar los compromisos del país en materia de derechos humanos, que garantizan la libre expresión.
Por estos efectos negativos que acarrean, la ONG le pide al presidente Correa que se abstenga de plantear este tipo de demandas.
Del mismo modo se pronunció la agrupación PEN, que reúne a escritores y periodistas del mundo. El gremio solicitó al Presidente que retire este tipo de procesos. “PEN Internacional urge a Ecuador a que reconozca sus obligaciones asumidas bajo tratados internacionales de DD.HH., que reforme la ley de injurias y que el presidente Correa retire su querella contra El Universo”, afirmó.
También cuestionó el reciente veto electoral, que limitan la labor de la prensa, así como la iniciativa en la OEA, que busca cambiar las reglas bajo las que funciona la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana.
John Ralston Saul, titular de la PEN, aseguró que resultan “alarmantes” las últimas medidas con relación al respeto de la libertad de expresión en Ecuador, que “incluyen un cambio en la ley electoral que obstruirá que los medios informen sobre las elecciones presidenciales en 2013”.
Además, citó el “reciente pedido del presidente Correa para que se den cambios restrictivos a la oficina del relator para la Libertad de Expresión de la OEA”. Esas modificaciones incluyen la limitación al financiamiento de la Relatoría Especial de la CIDH, así como un nuevo formato para la presentación de su informe anual sobre atropellos a la prensa.
La prensa regional también evidenció la preocupación por las secuelas de la demanda civil de ‘El Gran Hermano’ y otras medidas que apuntan a los periodistas.
‘Correa, el Atila de la prensa’. Así tituló su editorial diario El Tiempo de Colombia, en el que señala que el Presidente ecuatoriano no entiende la “importancia de la prensa libre en una democracia”.
Rechazo y solidaridad en Ecuador
“Este proceso judicial se convierte en una amenaza para el resto de periodistas, pues tiene como objetivo intimidar a los comunicadores sociales que se atrevan a investigar al poder”. Esta es la parte medular del comunicado oficial que difundió ayer la Unión Nacional de Periodistas (UNP).
En ese marco, el gremio ratificó su compromiso de asistencia legal a todos sus miembros que enfrenten juicios por el cumplimento de su deber. Y expresó su confianza que el Tribunal de segunda instancia revierta la condena.
El Foro de Periodistas (Fope) también hizo un llamado a resistir a todas las medidas que apunten a silenciar a la prensa libre.
Desde el campo político también hubo muestras de apoyo a Calderón y Zurita. El MPD publicó una carta abierta, en la que expresó su solidaridad hacia ambos comunicadores y su tarea de investigación. “Resulta inaudita la sentencia por “daño espiritual” a favor de Rafael Correa, y solo explicable por el sometimiento del cual la Justicia está revestida”.
La lista 15 agrega que no cabe “amilanarse”. “No es opción, la verdad saldrá a la luz con la acción decidida de quienes están dispuestos a decir basta, y levantar la cabeza con dignidad y valentía”.
Cuestionamientos al fallo de la jueza María Mercedes Portilla
Pruebas de daño moral
La judicial consideró que el presidente Rafael Correa no debía presentar ningún certificado médico que avalara el “sufrimiento y la afectación” que padeció por la publicación del libro. “El daño moral refiere a lo espiritual”.
Según la defensa de los autores del libro ‘El Gran Hermano’, el Presidente no pudo mostrar ninguna evidencia de que sufrió daño alguno; la Jueza reconoció que no hubo ni certificado médico ni facturas de tratamiento psicológico .
Libertad de expresión
La Jueza dijo que a pesar de que el libro es parte “del ejercicio de la libertad de expresión, hay que establecer el límite de esa libertad, que comparte con la protección al honor”. Señaló que los periodistas no contrastaron fuentes.
Se pidió tomar en cuenta los testimonios de Fabricio Correa, hermano del Presidente, y de Alexis Mera, secretario jurídico, quienes declararon que el Presidente sí conocía de los contratos de su hermano con el Estado.
El contenido del libro
“De la lectura del libro se verifica que sí existe un permanente menoscabo que afecta al actor (R. Correa), un profesional que ha honrado a su país y fuera de él, en su buen nombre, prestigio, dignidad (…)”, escribió Portilla en el fallo.
En el proceso, la defensa solicitó que se incluyera el expediente que sigue el presidente Correa contra diario El Universo para probar que con estos juicios, el Mandatario trata de acallar a la prensa. La Jueza no acogió este pedido.
La veeduría ciudadana
En la sentencia se deja en claro de que no puede ser considerada como una prueba plena el informe de la veeduría ciudadana, liderada por Pablo Chambers, porque ningún ente de control público confirmó sus conclusiones.
El Ejecutivo deslegitimó el trabajo de la veeduría porque determinó que el Mandatario sí estaba al tanto de los contratos. Según la defensa, ningún órgano de control avalará el contenido judicial, si se deben todos al Gobierno.
Los testimonios
La denuncia presentada en la Fiscalía por León Roldós y de Martha Bucaram (sic) sobre la concesión del campo Pungarayacu “no tiene sentencia ejecutoriada; las pruebas de los demandados no alcanzan el valor de prueba”.
En cinco hojas de todo este fallo, la Jueza rechazó todas las pruebas. Solamente dio validez a las evidencias que entregó el Presidente en su juramento diferido. Creyó en la palabra de él, como la única prueba válida, reclama la defensa.
La contrademanda
Según Portilla, los epítetos que emitió el presidente Rafael Correa contra los periodistas: “enfermos, payasitos, cucarachitas”, no fueron probados por los demandados, porque no se determinó cuándo y dónde los dijo Correa.
Desde agosto del 2010, cuando fue publicado el libro, el Presidente descalificó a los periodistas. En varios enlaces sabatinos incluso los “intimidó”. Se presentaron audios y pruebas de ello, pero la Jueza no midió con la misma vara.
La indemnización
La Jueza señaló que se fijaron los USD 2 millones porque Correa “presentó documentación de los estudios cursados, que es casado y tiene hijos, que es Presidente, que efectúa la Pro forma del Presupuesto y ha representado al país”.
En 5 años el Presidente de la República ha recibido renta por USD 60 000. Eso se demuestra con su pagos de Impuesto a la Renta. ¿La Jueza no logra probar cómo Correa dejó de recibir USD 2 millones. Sin trabajar, él se ganó ese dinero.