El desarrollo de la consulta popular modifica parcialmente la agenda legislativa en dos proyectos de ley: Comunicación y Reforma penal.
Por un lado, María Paula Romo, presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, ratificó ayer que “continuarán con el trámite regular” de las reformas penales. Dijo que la mesa mantendrá la tesis de que no se puede dar paso a ningún cambio en los plazos de la caducidad de la prisión preventiva. El Ejecutivo plantea en preguntas entregadas a la Corte Constitucional, cambiar el límite de seis meses a un año establecido en la Carta Magna.
Sobre este punto, Fernando Cordero, presidente de la Asamblea, defendió la tesis de que se consulte al pueblo.Aseguró que la propuesta de reforma para cambiar el plazo de caducidad de la prisión preventiva del PSC era “demagógica”. “Proponen hacer una reforma penal en la Asamblea y se hacen respaldar por 46 000 firmas… Una ley nunca puede estar más allá de la Constitución”, apuntó. Se refiere a la tesis de Cynthia Viteri y sus compañeros del PSC y Madera de Guerrero, que no pasó en la mesa.
Romo indicó que solo un punto de la reforma penal no será debatido dentro de la comisión que prepara el informe para segundo debate de reformas penales. Es la posibilidad de prohibir los negocios dedicados a los juegos de azar: casinos y salas de juego.
Es la segunda pregunta planteada por el Ejecutivo, en el paquete que iría a consulta popular.
“No vamos a tomar ninguna decisión al respecto”, señaló la asambleísta de Alianza País, quien ayer viajó a EE.UU.
Otro de los proyectos de ley, que tramitaba el Legislativo, sí saldrá de la agenda de los próximos meses: Comunicación.
Hasta el año pasado, Cordero sostuvo que permitiría que el Pleno lo analice en segundo debate durante este mes. Se comprometió a dialogar con los diferentes sectores para llegar a un acuerdo.
Luego descartó la posibilidad de debatirlo porque en febrero la Asamblea tendrá su segundo receso y en la práctica preferían esperar a contar, por lo menos, con un texto borrador, del proyecto de Ley de Telecomunicaciones, que está por enviar el Ejecutivo.
Pero, el miércoles pasado, el bloque de A. País decidió esperar el resultado de la consulta popular. En la cuarta pregunta se plantea la creación de un Consejo de Regulación que norme la difusión de contenidos de los medios.