7 de July de 2011 00:02

El Gobierno participa en la crisis de la Judicatura causada por Coba

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A la crisis del Consejo de la Judicatura generada por los fallos del juez Santiago Coba se sumó ayer un nuevo actor: el Gobierno.

Cuando en la mañana Benjamín Cevallos pretendía retomar las riendas de la Judicatura se topó con un obstáculo: un grupo de policías que tenía la orden de impedir su acceso al organismo.

Así se lo hizo saber uno de los miembros de la escolta policial que protege a la Judicatura. Le explicó que la disposición llegó del Ministerio del Interior. Esa orden gubernamental se dio aunque la víspera en Guayaquil el presidente Rafael Correa había dicho que le parecía insólito que un juez -Santiago Coba- pueda destituir al titular del Consejo.

Cevallos se molestó, aceleró el paso e ingresó. “Sigo siendo el Presidente del Consejo de la Judicatura”, le espetó a los policías.

En el interior del edificio les dijo a los uniformados que en la Judicatura no manda el Ministro del Interior (José Serrano) sino él.

Aunque su objetivo central era asumir su despacho, finalmente no lo logró. Solo pudo reunirse con los vocales como Rodrigo Tinoco y Gustavo Donoso, para analizar una salida a la crisis.

La conclusión de ese encuentro fue que mientras no sea revocado el fallo del juez Coba, Cevallos no puede regresar a sus funciones.

Por eso, el ex titular de la Judicatura decidió retirarse de la sede, no sin antes responsabilizar al Gobierno por los incidentes y amenazar al juez que lo removió.

“El Consejo de la Judicatura y la Función Judicial han sido intervenidos por la Policía.no creo que estemos viviendo en un sistema democrático, sino en un sistema que ya es dictatorial”.

En el caso de Coba, anticipó dos medidas: pedir a la Fiscalía que lo investigue por prevaricato y entablar una querella por daño moral. Además, reiteró que carecía de atribuciones para destituirlo del cargo, bajo el argumento de que no restituyó en sus funciones al juez 22 de Garantías Penales de Pichincha, Juan Pablo Hernández.

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Ese criterio fue compartido por otros miembros de la Judicatura como Rodrigo Tinoco, quien tachó como una “barbaridad jurídica” a ese fallo.

Sin embargo, los miembros del Consejo de la Judicatura también reconocieron que mientras esa sentencia de destitución a Cevallos no sea revocada, él no puede regresar a sus funciones.

Cuando el ex titular quiso abandonar las instalaciones de la Judicatura se llevó otra sorpresa. Un grupo de manifestantes de la Confederación Única del Seguro Social Campesino (Confeunassc), organización social aliada al Gobierno, rodeó la sede.

Su propósito fue exigir la salida de Cevallos y de todos los vocales, para que sean reemplazados por los miembros de la Judicatura transitoria, en la que tendrá mayoría el régimen de Correa y A. País.

Ante el temor de una agresión a Cevallos, los mismos policías que horas antes quisieron cerrarle el paso, le brindaron protección. Lo llevaron hasta la cochera y armaron un operativo vehicular para sacarlo del sitio.

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En forma paralela, Rodrigo Collahuazo, dirigente de la Confeunassc, arengó a sus compañeros a “clausurar” a la Judicatura. Quiso colocar un cartel con la leyenda “ratonera clausurada”. Pero la Policía lo evitó, provocando el reclamo del dirigente, quien le recriminó por los hechos del 30-S.

La causal de destitución quedó inexistente

Tras los gritos y forcejos en los exteriores de la entidad, en el Consejo se informó que el juez Hernández ya fue reintegrado a sus funciones. La decisión la tomó Herman Jaramillo, vicepresidente del organismo, quien asumió el mando tras la salida de Cevallos.

La decisión la tomó la tarde del martes, a través de un memorando interno. En ese documento le instruyó a la Dirección de Personal del Consejo que reintegren en sus funciones al juez Hernández.

De este modo desapareció la causal bajo la cual el juez Coba destituyó al titular de la Judicatura, quien se había negado a restituir a Hernández.

El vicepresidente Jaramillo anticipó que al no existir la causal por la que se destituyó a Cevallos, la sentencia en su contra podía ser revocada. Esta decisión solo la puede tomar la Corte Constitucional o el propio juez Coba, quien a las 18:00 de ayer debía ingresar a su turno judicial, con la opción de analizar el caso.

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