El dirigente indígena Raúl Ilaquiche defiende los argumentos del amparo que interpuso a la Ley de Comunicación. Denuncia presiones a los jueces en Pujilí.
Usted presentó un amparo constitucional por la Ley de Comunicación. ¿Cuáles son los derechos colectivos que, en su criterio, viola este proyecto de ley?
He revisado el contenido de la Ley de Comunicación. El 47% de la totalidad de ley se relaciona con los derechos de los pueblos indígenas y, por supuesto, afecta varios de los derechos colectivos establecidos en los 21 numerales del el art. 57 de la Constitución.
¿Por ejemplo?El tema de mantener y desarrollar la identidad libremente. Conservar la organización propia, la participación, el derecho a tener medios de comunicación de carácter comunitario, público o privado, el acceso a los medios de comunicación sin discriminación. Tenemos también derecho a ser consultados. De tal forma que revisados los artículos, todos: el 3 el 4 el 63, el 74. Afectan a los derechos de los pueblos indígenas.
¿ Cree que no se discutió la ley pensando en los pueblos indígenas?
En la conformación del Consejo de Comunicación se refleja eso. Se supone que debe haber representación de los medios de comunicación comunitaria y se han olvidado. Esto no se ha discutido con los representantes indígenas.
¿ La idea de pedir un amparo nació de las bases indígenas o es un mecanismo de la asambleísta Lourdes Tibán para bloquear la Ley?
Nosotros no queremos bloquear esta, ni ninguna ley porque la Asamblea tiene la obligación de aprobarlas. Pero se debe cumplir ciertos requisitos de la Constitución, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y sus reglamentos. Uno de esos requisitos es la consulta prelegislativa.
¿Qué lo dispone la Corte Constitucional de marzo?
Sí. Allí se dice que para aprobar las leyes, la consulta prelegislativa es un requisito indispensable.
¿Más allá de su visión indígena, cree que la ley afecta la libertad de expresión?
Están pensando el tema de la libertad de expresión con una visión única, una visión de una sociedad mayoritaria. No se dan cuenta que el Ecuador es un país plurinacional. Cuando infringimos alguna norma, decimos que todos vamos a ser juzgados de la misma forma. ¿Qué pasa con la justicia indígena?, ¿qué pasa con los medios de comunicación comunitarios? Por eso también estamos preocupados.
¿Qué efectos tendría el fallo del Juez que lleva el caso?
Yo soy de Pujilí y conozco a todos los jueces. Hemos confiado en la capacidad del señor juez (Edwin Palma). Él tiene una oportunidad histórica de hacer respetar los derechos de los pueblos indígenas. De tal forma que todo depende de él. Si acepta la acción de protección, solo debe disponer que se cumpla la Constitución.
Pero un recurso de amparo se aplica cuando una ley u otra acción pública entra en vigencia.
Ese es el argumento del Presidente de la Asamblea. Es chistoso y curioso e ilegal eso.
¿Por qué?
No se dice en la Constitución que tenemos que esperar a que aprueben una ley. Antes del primer debate debían haber hecho la consulta.
¿Cree que el Gobierno quiere que el juez falle a favor de la Asamblea, y no se de la consulta prelegislativa?
Gente del Ministerio de Justicia estuvo en Cotopaxi amedrentando. Deben dejar que los jueces resuelvan solos.
¿Es decir hay presión?
Sí, definitivamente. Ahí estaban ‘sicoseando’ a los jueces. Y ellos tienen luego miedo de hacer respetar los derechos.
A la par de la aprobación de la Ley de Comunicación, el Gobierno está en el plan de entregar frecuencias a las comunidades.
Eso es engañar. Los pueblos y nacionalidades tenemos legítimo derecho de tener el 33% de los medios de comunicación. Deben ser equitativamente entregados. No es que hay que aplaudir por la voluntad del Gobierno. Eso se debe regular con la Ley de Comunicación . Debemos discutir de manera conjunta, lo cual no se ha hecho. No solo se debe conceder la frecuencia, sino también dotar de recursos económicos a esas radios comunitarias.
¿Los quieren dividir?
Es una situación preocupante de que con tal de salir los fines de semana a insultar y a atacar creen que es un estado intercultural. Esto es para dividir y comprar a los dirigentes indígenas.