11 de October de 2012 00:03

El Ejecutivo cerró el paso a la fiscalización, dice la oposición

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Los legisladores de oposición coinciden en que el presidente Rafael Correa irrespeta a la Asamblea al tratar de limitar una de sus funciones: la de fiscalizar. Ya no solo se archivan los pedidos de juicios políticos porque para Alianza País son igual a un ‘show mediático’, sino que se intenta limitar la posibilidad de que envíen solicitudes de información a los ministros.

Así respondieron Paco Moncayo (Alianza Libertad), Vicente Taiano (ex Prian, hoy PSP), María Paula Romo (Ruptura) y Betty Amores (independiente) a la carta que el Ejecutivo habría hecho llegar al presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, el viernes 5 de este mes.

En la misiva, el Primer Mandatario le indica a Cordero que les ha recordado a los ministros que solo están obligados a responder pedidos de información que hayan sido canalizados por él, como titular de la Asamblea.

Esto pese a que la Ley Orgánica de la Función Legislativa los faculta para solicitar información directamente a servidores de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia, entre otras.

Ayer, consultado, Cordero no quiso pronunciarse. Dijo que prepara una carta de respuesta. “Me cambia de genio”, aseguró cuando este Diario le preguntó si él iba a convertirse en el ‘Corcho’ de la fiscalización, según ironizaron en Twitter activistas políticos, como Martha Roldós, ex constituyente.

En su carta, Correa cita un cuestionario de 120 preguntas, enviado por el asambleísta Kléber García (PSP) al Ministro del Deporte. Y lo llama “verdadero disparate”.

Además, rechaza que algunos asambleístas pidan información sobre niños y adolescentes, que tiene reserva, que no puede trascender... Y que se requiera a los ministros opiniones personales o que respondan a un interrogatorio, en lugar de demandar información. “Se ha intentado desconocer la obligatoriedad de guardar el sigilo bancario que protege operaciones de depositantes e inversionistas, que transgredan principios legales y jurídicos...”.

Estos puntos del escrito hacen que Romo asegure que el presidente Correa se refiere a dos casos: el de la violación a una menor de edad por parte del padre de un Ministro y el de Cofiec, que involucra a su primo, Pedro Delgado.

Sobre eso, la bancada de A. País aún no se ha pronunciado. Silvia Salgado, presidenta de la mesa de Fiscalización, justificó de algún modo las palabras del presidente Correa. En la Asamblea, argumentó la socialista, se debería mantener mínimamente un registro de quién ha solicitado la información, qué ha hecho con ella y cuáles son los resultados...

Según Salgado, hace falta un procedimiento que debiera ser establecido por el Consejo de Administración Legislativa, integrado por el Presidente, Vicepresidentes y vocales de la Asamblea y que tiene también mayoría oficialista. De ese modo, dijo, se conocerá¿qué han hecho con tanta información y qué uso se dio?

Un punto de vista parecido tiene Juan Carlos Cassinelli. Aunque aclaró que no ha revisado la carta, aseguró que su bloque nunca ha sido partidario de que “se pidan camiones de información para nada, queremos que se haga una fiscalización seria”.

Frente a esos argumentos, Romo recuerda que la posibilidad de pedir información no es un privilegio de asambleístas. Es un derecho ciudadano, a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública. “Eso es lo que en última instancia cuestiona el Presidente ahora”.

Entrevista

Kléber García. Asambleísta PSP

‘Son 120 acuerdos incumplidos’

¿Cómo toma la posición del presidente Rafael Correa? El filtro de los pedidos de información es el titular de la Asamblea.   

El Presidente de la República tiene sus funciones, al igual que yo como asambleísta. La Constitución establece la autonomía del ámbito legislativo y tengo todas las facultades de fiscalizar. Él debería dar carta abierta y revisar todas las preguntas que le envié al ministro de Deportes, José Francisco Cevallos. Se presupone que existe nepotismo y peculado porque se supone que están entregando presupuesto a federaciones deportivas intervenidas.   

¿Por qué 120 preguntas? ¿No es demasiado?
 
Son los acuerdos incumplidos del Ministro. Él firmó en Londres algunos  con el Comité Olímpico Internacional y con el local, un acuerdo para la participación de nuestros atletas en los Juegos Olímpicos. Y unilateralmente los desconoce y nombra interventores directamente en las federaciones por deportes y entrega recursos. El Presidente debería  preguntarle al respecto a su Ministro, que fue las manos del Ecuador...

¿Qué otras preguntas hizo usted al Ministro?

¿Por qué tiene a su concuñado directamente como asesor financiero? El señor Ernesto Serrano Zambrano, casado con Yadira Enríquez Lombeida, hermana de Rosa Enríquez Lombeida. También le pregunté qué relación tiene con Juan Alfredo Cuencas, su asesor de Marketing, con quien antes tenía el negocio de canchas sintéticas de fútbol. También quiero saber si en el Ministerio trabaja José Enríquez Lombeida.

¿Cree que Cevallos le responderá tras la carta del presidente Correa?

Los ministros deben tener responsabilidad, actuar con autonomía. La Constitución manda a informar a los mandantes.

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