1 de July de 2010 00:00

La dirigencia de la Conaie tiene 4 procesos por presunto sabotaje

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Redacción Política

El derecho a la resistencia, consagrado en el artículo 98 de la Constitución, vuelve a generar polémica. Los indígenas dicen que las movilizaciones y levantamientos son herramientas válidas y legítimas en sus reivindicaciones.

Mientras que el Gobierno asegura que esos actos pueden considerarse sabotaje y terrorismo.

Ayer, la Fiscalía llamó a declarar a Marlon Santi, presidente de la Conaie, por supuestamente haber “saboteado” la cumbre de presidentes de la Alba, realizada la semana pasado en Otavalo.Él, como cabeza de la organización indígena, organizó una nutrida movilización hacia esa ciudad imbabureña. La razón: su rechazo porque el Gobierno no la convocó a este foro regional que, paradógicamente, analizaba cómo fortalecer la plurinacionalidad en sus países miembros.

Por eso rodearon el coliseo de Otavalo donde sesionaban el presidente Rafael Correa y sus homólogos de la Alba. Hubo un tenso enfrentamiento policial.

Este no es el primer caso de este tipo. En septiembre del 2009, se detuvo a Carlos Pérez y a Federico Guzmán, líderes del Azuay; y a Tito Puenchir, en la Amazonía, por cerrar vías durante las protestas por la Ley de Aguas.

Se los acusó de terrorismo y sabotaje. En mayo pasado se abrió un nuevo proceso judicial en contra de los dirigentes indígenas de la provincia de Imbabura. Ellos fueron investigados por las movilizaciones contra la ley de Aguas.

Ese mismo mes, los asambleístas Lourdes Tibán, Marco Murillo y Edwin Vaca presentaron a la Corte Constitucional un pedido de interpretación constitucional sobre los alcances del derecho a la resistencia. El objetivo era frenar estos juicios instaurados desde el Gobierno central en contra de dirigentes indígenas, por realizar movilizaciones.

Asimismo, el 26 de junio, la Policía detuvo a seis indígenas en Guaranda (Bolívar), por protestar en contra de una empresa minera, que opera en la zona.

En el sector de la ‘Y’ de Naves Chico “fueron asaltados por un pelotón de aproximadamente 400 policías, al mando del mayor Iván Vásconez, quienes con bombas lacrimógenas y utilizando la fuerza, sin importar la presencia de niños, personas mayores, agredieron de manera brutal a todos”, denunció la Conaie.

En ese operativo se detuvo a Gabriel Rochina, José Guzmán, Francisco Muñoz, Édgar Muñoz, Alba Peralta, Ema Gavilanes y Mikaela Guzmán, quienes fueron trasladados al Centro de Rehabilitación Social de Guaranda. En su contra se inició un juicio por presunto terrorismo y sedición.

Bajo esta figura legal también gira la indagación previa en contra de Santi. Delfín Tenesaca, presidente de la Ecuarunari también fue vinculado al proceso por los incidentes de Otavalo.

El titular de la Conaie fue llamado a comparecer en la investigación que se le sigue por supuesto sabotaje y terrorismo.

La fiscal que lleva el proceso, Dora Mosquera, se negó a dar detalles del polémico caso. Pero uno de los cuatro abogados de Santi, Mario Merlo, señaló que el proceso se inició a partir de un parte policial.

En él se denuncia que el policía Carlos Cabascango, presuntamente, perdió sus esposas durante los enfrenamientos con los grupos indígenas cercanos a la Conaie, quienes exigían ser recibidos en el pleno de la Cumbre. Su intención era pedir al presidente de Bolivia, Evo Morales, que intercediera en sus demandas. Según los indígenas de esta organización en Ecuador no se está fortaleciendo un verdadero proyecto de Estado plurinacional.

Correa acusó a esta dirigencia de desestabilizar su gobierno.

Para el abogado Merlo es una desproporción que, por la desaparición de unas esposas, se haya planteado el delito de atentado contra la seguridad del Estado.

El gobernador de Imbabura, Luis Salazar, dijo desconocer la denuncia en contra de los dirigentes. Pero para ellos, estas son maniobras del Gobierno para amedrentar sus protestas.

Ayer, entre las 14:30 y las 16:30, Santi dio su versión del caso.

El ex alcalde de Cotacachi, Auki Tituaña y el presidente de la Federación de Indígenas y Campesinos de Imbabura, Marco Guatemal lo acompañaron.

En Quito, Pachakutik anunció el respaldo irrestricto a sus líderes. La asambleísta Tibán dijo que se están violando sus derechos, pues con el inicio de los juicios se los quiere callar y evitar que se pronuncien contra el Ejecutivo.

Una líder de la Conaie, Patty Gualinga, anunció que si el Gobierno “presiona” a la Justicia para encarcelar a sus compañeros, se movilizarán en todo el país.

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