20 de January de 2011 00:00

El debate sobre la consulta es político y jurídico

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Ayer, en Ecuadoradio, se desarrolló un importante debate sobre la viabilidad jurídica que tiene la consulta popular propuesta por el Gobierno.

Participaron los juristas Julio César Trujillo, Roque Farto y Santiago Guarderas.

Trujillo argumentó que hay dos temas que, tal y como están planteados, ameritan una asamblea constituyente. Es el caso de los cambios a la prisión preventiva y al Consejo de la Judicatura, que son parte del cuestionario de referendo. Según Trujillo, son temas que tienen que ver con la política de derechos humanos que afectaría a una Constitución que, como la de Montecristi, es garantista de los derechos y el plebiscito implicaría un retroceso.

Farto, por su parte, insiste en que las preguntas del presidente Correa tienen un contenido inductivo y, por lo tanto, la Corte Constitucional debe rechazarlas. Según este analista, esas interrogantes pueden inducir a la gente a votar afirmativamente, según la agenda propuesta por el Gobierno. Esto porque todas las preguntas se inician con la frase: “Con la finalidad de que...”.

A Farto le preocupa que el tema de la delincuencia y la inseguridad ciudadana trate de ser reducido a una consulta y con ello dejar de lado este debate, que es uno de los más sensibles.

Santiago Guarderas cree que es ilegal que se haya planteado un proyecto de consulta popular en materias de reforma legal, sin que la Asamblea Nacional lo haya descalificado con anterioridad. Por lo tanto cree que la Corte Constitucional debe rechazar el cuestionario.

Guarderas insistió en que el Presidente está obviando que el trámite de las leyes que le corresponde a los legisladores. A su juicio, esto implica que Correa, por el tipo de preguntas (reforma penal y Justicia) pretende cambiar la estructura del Estado a través de una enmienda.

Puntos de vista / Siete voces hablan de los temas propuestos en el plebiscito

Ángel Rubio / Pres. de los Judiciales

‘La Justicia está en crisis y se necesita un cambio’

 Históricamente la Función Judicial del país no ha llegado al estado de crisis como este momento, por  lo tanto todo cambio debe darse.  Las personas que lleguen para  administrar la Función deben ser   idóneas y también se tendrá que  entregar el presupuesto necesario para la reestructuración. A los judiciales no nos  asusta  ninguna evaluación o prueba, porque trabajamos diariamente. Estaremos pendientes  de que se cumplan nuestras garantías constitucionales, especialmente sobre  la estabilidad laboral.

Ángel Saavedra/ Activista  DD.HH.

‘ La consulta es solo cálculos de popularidad’

Vamos a presentar nuestros  argumentos ante la Corte Constitucional para que no se califique la consulta.  En el tema de inseguridad,   no se trata de imponer  sanciones más duras sino  un nuevo Código Penal. Solo hay una serie de  reformas parches, y eso ha  hecho que ciertas normas del Código Penal sean contradictorias. Hace tres años,   el Ministerio de Justicia inició un  proceso para redactar un  nuevo Código  y el Gobierno lo desechó  por popularidad. La consulta es solo cálculos de popularidad.

José Laso/  Comunicador social

‘La Asamblea debe acabar la  ley de medios’

La pregunta sobre el Consejo de Regulación entró por la ventana. La ley debe ser terminada por la Asamblea y respetando el acuerdo político del 2009. Se  quiere   descartar   la participación de  medios, periodistas, ciudadanos para redactar esa ley. Hay una trampa en la pregunta, nadie está en contra de   una  regulación,  pero  la palabra   violencia puede tener una interpretación subjetiva.  La conformación del  Consejo  es un peligro, se debe respetar lo que dijo el acuerdo y  que sea ciudadano.

Felipe Ogaz  / Diablohuma

‘No hay seguridad con espectáculos de tortura’

Desde hace más de una década hemos defendido el concepto de que no se puede  hablar de seguridad si existen espectáculos en los cuales se matan a seres vivos. La corrida de toros es   una de las peores aberraciones, en la cual  se divierten con la tortura a un animal. Este es un acto muy importante  del Presidente, que deja de lado  a los tecnócratas  y  se pone  a conversar con el pueblo. La pregunta pudo ser mejor redactada, que sea específicamente para las corridas, pero es un buen comienzo.

Roberto Aspiazu / Empresario

‘Es un atentado a la libertad de trabajo’

Tengo la  impresión  de que hay temas que  fueron  incluidos sin ninguna lógica.

El objetivo principal de la consulta fue el tema de las reformas penales, y ahora se nos persiguen a los  empresarios,  no solo con la pregunta sobre  del  enriquecimiento ilícito  privado, nos preocupa más la interrogante sobre   los accionistas de los bancos y de los medios de comunicación. Es un atentado al derecho y a la libertad de trabajo.  Parece que existe  una persecución. Analizaremos el tema.

Pablo Serrano /Titular de la Ceols

‘Apoyamos, existen empresarios  avivatos’

Como presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceols) responderemos sí al tema de considerar un delito la no afiliación al IESS.  Este es un derecho  garantizado en la Constitución. No tendríamos que apoyar esta pregunta  si no existieran muchas empresas y fábricas que contratan a compañeros que dejan parte de su vida en ellas y  no se les pagan  fondos de reserva, utilidades. Los empresarios avivatos se enriquecen.

Jorge Castro  /Empresario 

‘Un casino es un recurso turístico,  no es ilegal’

Estamos decepcionados, por años hemos tratado de hacer entender al Gobierno  lo que es un casino y lo que es el juego ilegal. Pero otra vez se nos pone  en el mismo saco. Un casino es un recurso turístico, anexo a los hoteles cinco estrellas, donde se desarrollan además eventos gastronómicos, artísticos. Como casinos hemos desarrollado la industria, estamos cerca al turismo, la cultura del juego y la diversión. Todos los socios están  registrados y cumplen con  todas las regulaciones. 

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