3 de March de 2011 00:00

La Corte analiza hoy el caso de Larrea

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Arturo Larrea Jijón volvió ayer a su despacho en la Secretaría General de la Corte Constitucional (CC). Lo que no se conoce todavía es si su permanencia en el organismo será larga.

Larrea estuvo 15 días fuera de su trabajo debido a una licencia médica que el Pleno de la Corte le concedió. A las 08:30 de ayer entró a su oficina, ubicada en el octavo piso de la sede de la Corte. Estaba previsto que el funcionario hablara con la prensa, pero finalmente no se concretó. Prefirió empezar a tramitar los expedientes que estaban pendientes.

En contra de Arturo Larrea hay un pedido de destitución de su cargo. Esa solicitud se inició luego de que apareciera la denuncia de una supuesta red de sobornos, en la cual es protagonista su hermano, Alfredo Larrea, y que ha salpicado a la Corte Constitucional.

El caso salió a la luz el 3 de febrero pasado. Ese día Galo Lara, asambleísta de Sociedad Patriótica, denunció que Alfredo Larrea había recibido un cheque de medio millón de dólares por parte de la Cervecería. El pago ocurrió luego de que los jueces constitucionales emitieron un fallo que dejaba sin efecto los juicios que habían iniciado los ex trabajadores de la Cervecería y que demandaban USD 90 millones por utilidades que nunca cobraron.

Alfredo Larrea firmó un contrato con la Cervecería para defenderlos en esa demanda. Por ese trabajo debía recibir más de USD 1 millón. Sin embargo, la empresa anuló su convenio y ahora ese acuerdo es indagado por la Fiscalía y por la Contraloría.

Arturo Larrea ha negado haber recibido el dinero de la Cervecería. “He cumplido a cabalidad las actividades como secretario general del Tribunal Constitucional y luego de la actual Corte Constitucional en transición”, dijo la semana pasada en la Fiscalía.

El funcionario llegó a ese cargo en agosto del 2007. Ese mes, su hermano había renunciado a su cargo de asesor del organismo.

Desde ese momento, Arturo Larrea maneja un perfil bajo en la Corte. Sus compañeros lo califican como introvertido y en las sesiones del Pleno se dedica a leer los fallos y siempre está sentado a la derecha del presidente de la Corte, Patricio Pazmiño.

Ahora, el funcionario espera que su situación legal y laboral se defina rápidamente. Aunque sostuvo que seguirá en funciones.

El juez Alfonso Luz pidió al Pleno de la Corte que destituyera a Larrea, porque supuestamente cometió irregularidades en el tratamiento del caso de Cervecería, en el que se dejó sin efecto las medidas cautelares a favor de los ex empleados de la compañía.

Según Luz, el 2 de febrero, un día antes de que se reincorporara a su oficina (estuvo de licencia), un empleado del despacho de Arturo Larrea pidió a su secretario, Víctor Dumani, que firmara el informe que sería conocido por el Pleno al día siguiente.

No obstante, Dumani se negó porque “no se cumplió con la formalidad” de que exista la firma previa del vocal alterno de Luz (Miguel Naranjo). Con ese antecedente, “Larrea se presentó en la oficina y sugirió a Dumani que para ganar tiempo firmara la sentencia, pero como volvió a negarse, le ordenó trasladarse a la Superintendencia de Bancos, donde se encontraba Naranjo, a fin de que los dos firmaran el informe”, informó en días pasados Luz.

Esto, para el juez significa que hubo presión por parte de Larrea para que se emitiera el polémico fallo que generó el escándalo.

Al pedido de Luz se unieron otros dos jueces: Nina Pacari y Manuel Viteri. Ellos también piden la salida del Secretario de la Corte. Esa decisión posiblemente se tome en la sesión de hoy del Pleno del organismo. Aunque, hasta el cierre de esta edición, no se la incluyó en el Orden del Día.

Un revés de los ex empleados

El juez 12º de la Niñez y Adolescencia de Pichincha, Raúl Reinoso, negó el pedido de hábeas data que presentaron los ex empleados de la Cervecería Nacional, quienes demandan el pago de sus utilidades.

Ellos presentaron este recurso jurídico porque, supuestamente, la Corte Constitucional y la empresa demandada estarían aprovechándose de la información que consta en el proceso. Además, los ex trabajadores aseguraron que se ha negado el acceso a los expedientes y a los fallos que han salido desde la Corte Constitucional.

El litigio entre la Cervecería y sus ex empleados llegó al organismo constitucional a finales del 2010. El 3 de febrero pasado, los jueces constitucionales dejaron sin efecto los juicios que plantearon los ex trabajadores contra la Cervecería. Sin embargo, ocho días después revisaron esa decisión y la anularon.

Nelly Rojas, representante de la Corte Constitucional, sostuvo que la demanda del hábeas data no es legal. Según la Constitución -explicó la funcionaria- este recurso solo puede ser usado cuando un organismo público se niega a entregar información de tipo personal a cualquier ciudadano. “El hábeas data no es el camino correcto para el reclamo”.

En su participación, Rojas sostuvo que la Corte Constitucional no ha negado información y lo que se pretende es desprestigiar a los jueces y al organismo. “Usted, señor, en cuanto termine esta diligencia, puede ir a pedir a la institución lo que está solicitando”.

En su resolución, el juez Reinoso manifestó que el pedido que hicieran los representantes de los ex empleados de la Cervecería Nacional no cumple con los requisitos establecidos en la Constitución para los casos de hábeas data. Por eso negó el recurso.

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