15 de June de 2010 00:00

La Comisión aprueba los primeros textos

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Redacción Política

Los cinco asambleístas de oposición abandonaron la Comisión de Comunicación cuando se votó el artículo10 del proyecto de informe para segundo debate que defiende la presidenta Betty Carrillo.

Se trata del texto referido al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Pero, según los legisladores de minoría, tal y como fue concebido, este permite la censura previa.

César Montúfar (Concertación Democrática) dice que este artículo garantiza la búsqueda, recepción, intercambio, producción y difusión de información verificada, oportuna, contextualizada y plural... “¿Quién determinará las características de la información? Será el Consejo de Comunicación que estará controlado por el Ejecutivo”.

Fausto Cobo (PSP) dijo que el oficialismo legalizó la censura previa, porque la información que a juicio del Consejo no reúna las características del art. 10 no estará protegida por la ley. Montúfar señala que este texto contradice el art. 13 de la Convención Interamericana sobre DD.HH.

Otro de los textos aprobados ayer dispone que los medios de comunicación hagan pública su política editorial e informativa, su estructura orgánica y accionaria, a través de la Internet o en un instrumento de acceso público.

Además, los miembros de la Comisión aprobaron el principio de la participación ciudadana para exigir sus derechos sobre la comunicación. Esta figura legal es la base para la creación de las veedurías y observatorios.

Su creación guarda estricta relación con el veto presidencial, de inicios de año, a la Ley de Participación Ciudadana. Ahí se dispuso que los medios de comunicación rindieran cuentas “a la ciudadanía”, por ser empresas que prestan servicios públicos.

Adicionalmente, se dio paso a la llamada cláusula de conciencia. Este derecho podría ser aplicado, según lo aprobado, cuando a un periodista se sienta obligado a cumplir con trabajos contrarios al código de ética del medio y podrá negarse a firmar un trabajo cuando su superior haya modificado el contenido. El irrespeto de esta cláusula será considerado como un despido intempestivo.

Otro artículo con el aval de los seis votos de Alianza País tiene que ver con los derechos laborales de los periodistas. Se debatió la necesidad de colocar puntualmente el pago de horas suplementarias y extraordinarias luego de su jornada de 8 horas.

Al final, los legisladores aseguraron que es necesario que eso sea puntualizado en el proyecto.

Quedó pendiente el artículo sobre la profesionalización obligatoria para los encargados de noticias en un medio.

Se reconoció al Estado como garante y promotor de los derechos de comunicación de nacionalidades indígenas y campesinas.

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