9 de September de 2012 00:15

Colegio de Abogados tiene un papel político

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La crítica al gobierno de Rafael Correa no es un ejercicio exclusivo de los partidos políticos. El Colegio de Abogados del Guayas (CAG) no solo aparece como un gremio, sino también como defensor de las supuestas víctimas del Régimen.

El patrocinio a la familia Bucaram-Pazmiño en la demanda del Ministerio de Inclusión Económica, las denuncias de supuesta corrupción en las comisarías dirigidas por el ex gobernador Roberto Cuero, la defensa de una menor que supuestamente fue violada por el papá de un ministro, el apoyo a la ex jueza Mónica Encalada cuando señaló a Gutemberg Vera, abogado de Correa, como presunto autor de la condena contra El Universo… Esas son algunas de las recientes acciones de la entidad.

Más de 200 boletines con denuncias de supuesta corrupción judicial han emitido durante el último año. Juan Vizueta y Pedro Granja, vicepresidente y secretario respectivamente, son las caras más visibles de la organización.

El presidente gremial, Alfonso Luz Yunes, tiene una exposición menor. Su perfil bajo responde a su papel de magistrado de la Corte Constitucional. Sin embargo, Vizueta sostiene que ningún pronunciamiento del CAG se da sin su previa autorización.

Granja explica que la decisión de “defender a todos los vulnerados por el Gobierno” responde a una resolución que emitió la Federación Nacional de Abogados, ente máximo de los juristas en el país, en septiembre del 2011. Sin embargo, hay quienes consideran que le están dando la espalda a algunos agremiados.

Alejandro Chica, defensor del juez Juan Paredes en el caso ‘Chucky Seven’, dice que “si todos pagamos las mensualidades es para que nos defiendan, no para que nos ataquen”. En esa indagación se investigaba la autoría de la condena de primera instancia contra El Universo. Actualmente el caso está a un paso del archivo.

El CAG criticó a Paredes desde su sentencia -emitida el 20 de julio del 2011- de tres años de cárcel para los directivos y un ex editor del rotativo, además del pago de USD 40 millones para Correa.

Granja contradijo a Paredes con el argumento de que el peso de la libertad de expresión era superior a la honra del Mandatario.

Pero el protagonismo del gremio se intensificó con la denuncia de Encalada. El 20 de abril pasado, en el auditorio del CAG, ella presentó a la prensa un video donde supuestamente Paredes aceptaba que él no era el autor de la condena, sino que se la había entregado el abogado de Correa.

“Si quería hacerlo, que lo haga en su oficina y no en el Colegio de Abogados que también es mío”, subraya Chica, al recordar la rueda de prensa de Encalada. Él es uno de los 15 500 socios que tiene el CAG. Las mensualidades son de USD 5, según Vizueta, casi 2 500 están al día en sus pagos.

El abogado de Paredes cree que Granja y Vizueta buscan captar la atención pública con sus denuncias. Y sugiere que este último tiene aspiraciones políticas.

En febrero próximo culmina el período de la directiva actual. El mes coincide con los comicios para la Presidencia y Asamblea Nacional. Tanto Vizueta como Granja rechazan la idea de candidatizarse a algún cargo público. Su lugar está junto al gremio, dicen.

“No soy afiliado a ninguna secta política”, enfatiza Granja. En cambio, Vizueta acepta su afinidad con Pachakutik, que lo lanzó como precandidato para asambleísta por Guayas junto a Francisco Andino, su amigo y líder del Movimiento Blanco.

En el caso de que Vizueta opte por un cargo político, no será el primer directivo del Colegio que tercie por algún partido político.

Ángela Albán, ex presidenta (2006 al 2009) , fue vocal del extinto Tribunal Supremo Electoral y candidata a la Fiscalía General con la bandera del Prian.

Si bien Luz, Vizueta y Granja ocupan los puestos máximos en el gremio, el Directorio se compone por 12 abogados más. Entre ellos está el juez Oswaldo Sierra, quien perdió la presidencia del CAG en las elecciones pasadas.

Según Sierra, en este período el Directorio ha sesionado solo seis veces, cuando debería hacerlo cada 15 días. “Solamente cuando ellos tienen intereses convocan”, agrega, en referencia a la actuación de Granja y Vizueta.

Y señala que pese a haber pedido las actas de las sesiones “no las quieren entregar porque ahí se notan ciertas cuestiones que nada tienen que ver con los intereses del gremio. Más políticas y de intereses personales”.

En la sesión del 4 de agosto del 2011, la mayoría del Directorio optó por expulsar a Fernando Yávar, vocal de la Judicatura Transitoria. El judicial había dicho que la sede del Colegio, ubicada en el tercer piso de la Corte de Justicia del Guayas, es un foco de peligro para la Función Judicial.

El gremio ha sido crítico de la carrera de Yávar. El CAG desaprobó su llegada al CJT por no cumplir el requisito de 10 años de ejercicio profesional. Cuando Yávar dirigía la Judicatura en Guayas, solicitaron su destitución por presunta manipulación en el sistema de sorteos.

El contraataque oficialista llegó en diciembre de 2011, mediante el Decreto 933. Ese documento ordenaba al Colegio a desalojar su sede histórica por supuestos escándalos. Frente a los cortes de energía eléctrica, el gremio contestó con más denuncias. Entre ellas, acusaron de supuesta corrupción al fiscal Fernando Yávar Núñez, padre del vocal del CJT.

Nueve meses más tarde, el escudo del CAG sigue impreso en el tercer piso de la Corte. Sin embargo, la Judicatura prepara la remodelación de ese edificio, en el que no habrá espacio para el gremio.

Los tres altos mandos del Colegio de Abogados del Guayas

Alfonso Luz Yunes
  Presidente
 La cabeza  gremial que opera desde Quito
Fue parte del Tribunal Constitucional que se autonombró Corte Constitucional en el año 2008, luego de la aprobación de  la nueva Carta Magna. Dirige la Federación Nacional de Abogados.Fue conjuez de la Corte Superior de Justicia y decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil.

Juan Vizueta
Vicepresidente
 Presidente encargado a la hora de denunciar
Suena como candidato a la Presidencia del CAG.  Participó para ser Fiscal General, pero renunció por la rebaja de 10 puntos a su calificación, dejándola en 81/100. Fue conjuez de la III Sala Penal de Guayas y lleva 24 años como maestro universitario del área penal. Es abogado  particular del asambleísta Galo Lara (PSP).

Pedro Javier Granja
Secretario
Un activo dirigente nacional y provincial
Figura como secretario del CAG y de la Federación Nacional de Abogados. En el 2009 ganó un concurso de méritos y entró a la Función Judicial. Integró el I Tribunal Penal del Guayas. En el 2011, su nombramiento fue anulado por la Judicatura. Lo destituyeron por haber “paralizado la justicia” mientras era parte de un plantón.

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