25 de July de 2011 00:04

En Azuay no existen presos sin sentencia

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El cese de funciones del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y la reforma a la función judicial no preocupa a los funcionarios judiciales de Azuay. La causa es la imagen ganada de ser un referente de celeridad en la administración de justicia en el país.

Según el informe del CNJ de Azuay, en el 2010 las 55 judicaturas de Azuay (302 servidores judiciales) resolvieron 37 144 causas de las 42 770 ingresadas. El resto sigue en proceso.

Desde el 2006, solo tienen un caso de caducidad de prisión preventiva justificada y no tienen presos sin sentencia.

Para José Andrade, presidente de la Corte de Justicia de Azuay, varios factores inciden en el resultado. Entre otros el alto grado de profesionalización de los funcionarios, el desempeño ético y responsable y el compromiso cívico.

Según la nómina de funcionarios, más del 60% de los 303 funcionarios tienen formación superior con diplomados, maestrías, postgrados o especializaciones. Menos de 10 empleados no tienen instrucción universitaria.

En otros distritos solo los jueces son titulados, dice el director del CNJ en Azuay, Gonzalo Urgilés. “La gente se prepara para mejorar su nivel académico. La formación acompañada de la ética son elementos arraigados en la cultura azuaya y marcan la diferencia”.

Pero las cifras de las causas resueltas fueron cuestionadas por el ex ministro de Justicia, José Serrano, en la última campaña electoral. Según él, si bien en Azuay hay más celeridad en los procesos aumentaron las medidas sustitutivas a la prisión preventiva.

Serrano dijo, en esa época, que entre el 2008 y 2009 se dieron cinco medidas sustitutivas (Hábeas Corpus, Hábeas Data, prohibición de salida del país, presentación periódica ante un Juez, fianza, hipoteca…) en Azuay. Pero en el 2010 subió a 101, aseguró.

Según Serrano, no hay un análisis que establezca los verdaderos criterios sobre los cuales los jueces otorgan una medida sustitutiva. Para Urgilés son herramientas dadas por la Constitución de Montecristi. “La medida extrema es la prisión del ciudadano”.

Según Urgilés, esas críticas se dieron por la efervescencia política de su momento y no opacaron la imagen ganada. “No quiero decir que Azuay sea la perfección. Tenemos problemas, pero vista de modo general tiene una imagen más positiva que el resto”.

La vicepresidenta del Colegio de Abogados de Azuay, Verónica Vázquez, prefiere no opinar sobre el tema, pero aseguró que esta provincia tiene la administración de justicia más eficiente y limpia del país. “Hay cosas que mejorar como la atención al público”.

Urgilés habló de limitantes como la falta de al menos 20 judicaturas (con jueces, secretarios, ayudantes…) y casas judiciales. Hay 50 vacantes (15 son jueces) por llenar con titulares, que se arrastra desde hace cinco años.

Estos cargos cubiertos a través de contratos temporales remitidos directamente desde Quito, sin un previo concurso de oposición y méritos, dijo Urgilés. Según él, el riesgo con ese personal es que no esté calificado, que por su condición de inestable trabaje intranquilo y no asuma sus acciones con responsabilidad.

Cuenca también lidera el desarrollo tecnológico en administración de justicia. Hay un sistema de red informática de seguimiento de causas. El interesado puede revisar las providencias en la web: funcionjudicial-azuay.gov.ec. Los procesos de los juzgados cantonales también están en la red.

El objetivo es transparentar la actuación procesal de los jueces y evitar posibles alteraciones en los fallos. Antes, todo se guardaba en papeles y a veces se perdían las hojas, aseguró Urgilés.

El sorteo de causas también está automatizado. Conforme se ingresa un caso, el sistema de forma automática señala el número de juzgado en el que recayó. Con las reformas legales se implementó la oralidad de audiencias en demandas penales y laborales. Está pendiente en lo civil, tránsito, inquilinato y niñez y adolescencia.

Precisamente por los avances realizados en los sistemas tecnológicos, la nueva Comisión que integra el CNJ solicitó a dos técnicos de la Función Judicial de Azuay para que colaboren en la instalación del sistema de seguimiento de causas en la Corte de Justicia del Guayas.

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