5 de abril de 2015 20:43

466 peritos médicos investigan la mala práctica

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Diego Bravo y Lineida Castillo  
Redactores (I)

Las muestras de sangre están guardadas dentro de una refrigeradora blanca. La doctora Hilda García las etiqueta una a una. Utiliza guantes quirúrgicos y archiva los resultados de esos exámenes en una computadora. En la base de datos también constan los casos de supuesta mala práctica profesional, relacionada con la especialidad que le han asignado.

En estos casos ella trabaja como perito desde el 10 de agosto, cuando entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal (COIP).García es una de los 466 peritos de medicina humana que ha acreditado en el país el Consejo de la Judicatura tras la aprobación de la Ley Penal.

¿De qué se encargan? Cuando se inicia una acción legal en contra de un médico ellos emiten un criterio técnico. Sus informes son analizados como insumo por los jueces antes de dar un dictamen. Así lo establece el COIP. Son designados por sorteo, a través de un sistema informático.

Al principio eran 321, pero se unieron 145 más hasta marzo de este año. Tienen especialidad de anestesiología, cirugía general, genética, patología, psicología, clínico...

Para ser perito, el Reglamento del Sistema Pericial establece que el experto debe tener al menos dos años de experiencia y la misma cantidad de tiempo de haber terminado la carrera.

Para José Eras, quien ocupa, provisionalmente, la Presidencia del Colegio de Médicos de Pichincha, los dos años de experiencia establecidos son escasos. A su juicio, lo ideal son “10 años de trayectoria”.

García es de Manabí, pero se graduó como médico hace 23 años en la Universidad Central. Pertenece a la primera promoción de galenos legistas del país. Su especialidad son los análisis e informes en los casos de lesiones, delitos sexuales y violencia intrafamiliar.

Cuenta que los casos de presunta mala práctica profesional en salud que investiga, desde la vigencia del COIP, están en indagación previa.

Entre agosto y enero del 2015, la Fiscalía abrió 57 indagaciones en contra de galenos en el país. Pero antes de la aprobación de la normativa ya había un alto índice de denuncias, según las autoridades. En el 2012 hubo 1 070 indagaciones contra médicos y en el 2013 se reportaron 531. Desde el 1 de enero hasta el 9 de agosto del 2014 se registraron 423.

Los miembros del Colegio de Médicos de Pichincha tienen expectativa por el tema y se prevé en las próximas semanas la contratación de una aseguradora para proteger a los médicos que afronten juicios por posible mala práctica profesional en salud.

Miguel Méndez es otro perito acreditado por la Judicatura y ha colaborado en casos de posible mala práctica profesional en casos de salud. Mientras revisaba unos exámenes en un laboratorio de Cuenca, comentó que los peritos requieren más especialización. “Si no se estudia al menos cada seis meses, los conocimientos se desactualizan”.

Él y el resto de profesionales con los que cuenta la Judicatura recibieron un curso de formación tras ser acreditados. Aída García es subdirectora de Órganos Auxiliares y Sistema Pericial de ese organismo. En su oficina revisa los datos de su computadora y muestra que los peritos médicos que fueron seleccionados se instruyeron en temas legales. Aprendieron la normativa que rige en el peritaje judicial, el rol que desempeñan en los juicios, la configuración de los informes y la ética profesional.

Para ser acreditados por la Judicatura también se evaluó la formación académica.

La perito Hilda García dice que además de su titulación como médica, siguió cursos y seminarios en el país y en Colombia. Méndez se especializó en Criminalística en Perú.

Antes de la acreditación de los 466 peritos, ¿cómo los seleccionaban para llevar los casos de médicos? Aída García explica que no había un sistema de control que permitiera ver lo que hacían los investigadores. No existía un catálogo detallado de las especialidades.

Los pagos por cada pericia van desde el 50% de un sueldo básico hasta 10 veces más (USD 3 500), según la complejidad.

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