22 de diciembre de 2016 13:56

Odebrecht pagó USD 33,5 millones en sobornos a funcionarios del Gobierno, según el Departamento de Justicia de los EE.UU.

Esta foto de archivo tomada el 23 de junio de 2016 muestra un logo de la constructora brasileña Odebrecht en la Villa Olímpica y Paralímpica de Río de Janeiro, Brasil. AFP

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EL COMERCIO DATA

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló este 21 de diciembre que entre el 2007 y el 2016 la constructora brasileña Odebrecht pagó USD 33,5 millones a funcionarios del Gobierno de Ecuador para asegurarse contratos de obras públicas.

Por ejemplo, el expediente judicial detalla que entre 2007 y 2008, Odebrecht tuvo problemas relacionados con un contrato de construcción. Entonces acordó con un intermediario de un funcionario de gobierno, que ejercía el control sobre los contratos, el pago de sobornos a una autoridad del Gobierno para resolver los problemas. Luego Odebrecht realizó los pagos en efectivo a un funcionario gubernamental. Esta negociación permitió que la empresa brasileña obtuviera beneficios por más de USD 116 millones.

Los documentos oficiales del Departamento de Justicia de EE.UU. no detallan nombres de los funcionarios ecuatorianos que habrían recibido las coimas.

Una de los primeras obras construidas por Odebrecht en este país fue la Central Hidroeléctrica San Francisco, inaugurada por el presidente Rafael Correa en junio del 2007. No obstante, luego de siete meses se suspendieron las operaciones por fallas en las obras civiles y electromecánicas.

El Régimen acusó a la constructora de estafa y se iniciaron acciones para rescindir los contratos de cuatro obras públicas adjudicadas a la compañía. Para octubre del 2008, mediante decreto, se declaró la emergencia en el sector eléctrico y se expulsó del país a los directivos de la multinacional.

A mediados del 2010, el Gobierno y la empresa acordaron un convenio de reparación técnica y una compensación económica de USD 20 millones. Todos los juicios, ya sea por daños o presunción penal fueron eliminados y la Contraloría General del Estado desvaneció ocho glosas.

El 28 de octubre del 2011 la firma regresó al Ecuador y volvió a formar parte de las empresas contratistas del Estado. Recibió, sin licitación pública, un contrato por USD 18 millones para reparar un túnel de la central hidroeléctrica Pucará, en Pisayambo. Tras esta adjudicación se benefició de más contratos públicos, entre otros el del movimiento de tierras de la Refinería del Pacífico y de la construcción de Metro de Quito.

En EE.UU. la compañía brasileña admitió haber violado la Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés). Esta legislación data de 1977 y penaliza los sobornos a funcionarios de otros gobiernos para beneficiarse de negocios.

Según los informes revelados, el gigante de la construcción pagó en sobornos USD 788 millones a altas autoridades de 12 países. Estos son: Angola, Argentina, Colombia, Brasil, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, Venezuela, República Dominicana.

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