La noche del viernes, agentes allanaron dos viviendas en el norte de Quito. Foto: Twitter Fiscalía
Dos nuevos nombres se sumaron a la investigación por el caso Odebrecht. Se trata de Ramiro Carrillo y Diego Cabrera, quienes fueron detenidos la noche del viernes 30 de junio del 2017 por más de 150 agentes élites de la Policía.
El operativo fue liderado por la fiscal Diana Salazar, quien solicitó la detención de los sospechosos luego de rastrear sus movimientos financieros y sus registros tributarios. Así consta en un parte emitido por la Policía.
Pero, ¿quiénes son los sospechosos? El Ministerio del Interior detalló el sábado, a través de un comunicado, que Carrillo fue gerente de Transportes de Petroecuador.
Durante ese cargo suscribió el contrato del Poliducto Pascuales-Cuenca, obra adjudicada a Odebrecht el 17 de octubre del 2013. Así consta en el contrato de Petroecuador al que accedió este Diario. Ese proyecto se firmó por un valor que asciende a USD 370 millones.
La Fiscalía rastreó al exfuncionario y detectó “varios movimientos financieros inusuales dentro y fuera del país”. Además, la Policía Nacional dice que al enterarse de las primeras acciones por el caso Odebrecht, Carrillo habría presentado una declaración de liquidación conyugal para “evadir sus tributos al Estado”.
En torno a Diego Cabrera, las investigaciones de los agentes señalan que era accionista de 22 empresas, de las cuales 11 se encuentran actualmente en proceso de disolución. Él también aparece como representante de una empresa contratista de la estatal Petroecuador.
Según la Policía, las declaraciones o registros tributarios de Cabrera ascenderían a USD 2 millones.
Los agentes indican que ese dinero no está debidamente justificado.
Incluso dicen que su nombre estaría en el Servicio de Rentas Internas (SRI) como intermediario de empresas consideradas ‘off shore’ o compañías de papel constituidas en Panamá.
Por su parte, la Fiscalía informó que los dos tendrían “vínculos directos con la trama de corrupción de la constructora Odebrecht”.
Por eso, los dos son acusados por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
La idea del operativo también era recopilar evidencias. La fiscal Salazar acompañó a los agentes en los allanamientos de las viviendas de los sospechosos, ubicadas al norte de Quito.
Los informes policiales detallan que en los inmuebles se encontraron dinero en efectivo, joyas, cheques, computadoras, celulares, televisores y transferencias con claves de cuentas en Curazao, Panamá y Belice.
Estas últimas tendrían relación con otros detenidos por el caso Odebrecht.
Tras las incautaciones, los dos sospechosos fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia para las audiencias respectivas. La de Carrillo inició a las 14:42 de 1 de julio.
En la diligencia, el juez Rodolfo Navarrete le dictó arresto domiciliario y ordenó enajenación de bienes y el bloqueo de cuentas bancarias. En cambio, la audiencia de Cabrera inició a las 15:24 y hasta el cierre de esta edición aún no terminaba.
Dos horas antes de que empezara la diligencia, su abogado, Édison Garrido habló con EL COMERCIO.
El jurista manifestó que su defendido no tenía vínculo ni contratos con la constructora brasileña Odebrecht.
Incluso señaló que Cabrera se desempeña actualmente como abogado en libre ejercicio.