8 de September de 2014 00:00

La nueva ley penal se comenzó a aplicar en casos de minería ilegal

sector La Palma, de Santo Domingo

En el sector La Palma, de Santo Domingo, se clausuró una minera que supuestamente trabajaba sin los permisos necesarios. Foto: Juan Carlos Pérez / EL COMERCIO

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Bolívar Velasco. Redactor (I)

En Santo Domingo de los Tsáchilas se clausuraron unas instalaciones. Fue el primer caso intervenido con la normativa. 
Un sello rojo con la palabra “suspensión” se observa en uno de los accesos de la minera artesanal que cerró la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) en Santo Domingo de los Tsáchilas.

Los tubos del oleoducto y poliducto transecuatoriano están a menos de ­10 metros de esta cantera donde se extrae oro. Ahí, la Policía y las Fuerzas Armadas dicen que investigaron durante dos meses al campamento y no descartan que la actividad sea ilegal.

Fiscales de Pichincha y funcionarios de la Arcom lo allanaron el pasado 23 de agosto, porque además habrían encontrado explosivos cerca de los ductos. Esta información la difundió el Ministerio del Interior. Se pudo afectar al transporte de crudo, al abastecimiento de combustibles y causar un perjuicio al Estado”, se lee en el informe oficial.

La clausura de estas instalaciones se hizo con base en el nuevo Código Penal (art. 260). Esta norma señala que quien explote, explore, aproveche… recursos mineros sin permisos irá a la cárcel de cinco a siete años. Según la Arcom, esta fue la primera vez que se aplicó la nueva normativa en un caso de minería ilegal en el país.

En el operativo se detuvo a cuatro personas para investigaciones y los jueces dictaron orden de prisión preventiva.
Hastael momento, la Arcom ha ejecutado operativos de control en Zamora Chinchipe, Santo Domingo y Esmeraldas.
Precisamente en esta última provincia, en abril pasado los militares intervinieron 33 retroexcavadoras que habrían sido halladas en minería ilegal.

Un informe de la agencia Andes dice que a esta actividad, realizada sin permisos, también se la vincula con otros ilícitos, como lavado de dinero, tráfico de armas, contrabando de combustible, trabajo infantil...

Además, se determinó que la zona de acción de la minería ilegal en Ecuador está en la Amazonía Norte y Costa Norte.

El jurista Miguel Carvache entiende esta situación como algo que va más allá de la penalización de los delitos. En el pasado,
tras los operativos se aplicaban multas y se decomisaba la maquinaria. Con la vigencia de la nueva ley se podría incurrir en la sumatoria de condenas por distintos delitos.

En la minería artesanal es una práctica común, por ejemplo, el uso de químicos para clasificar el oro, además, los materiales explosivos para abrir nuevos yacimientos. De ahí que Carvache señala que si un artesano es aprehendido en esas circunstancias, podría enfrentarse a una acusación no solo por minería ilegal.
Además, los responsables podrían ser juzgado por un delito contra el agua (Art. 251) y por compra de explosivos no autorizados (Art. 361).

La sanción máxima del primero es de cinco años y el segundo de siete. En un escenario así, de aplicarse la figura de la acumulación de penas, la sentencia sería de 12 años.
En similar escenario se los acusa a los cuatro detenidos en la minera de Santo Domingo.

En un informe del Ministerio del Interior se detalla que el juez de la causa además emitió orden de prisión por los explosivos hallados en el campamento. Entre estos, 1 379 tacos de dinamita, 313 tacos de nitrato de amonio, 2 070 cápsulas fulminantes, 10 metros de cordón detonante, 2 573 metros de mecha lenta, 335 libras de nitrato de amonio y 79 unidades de mechas preparadas.

El abogado José Jara sugiere que debe haber un reglamento que esclarezca el tipo de sanción contra los dueños y los trabajadores de la mina. De no ser así, siempre se lo aplicaría porque en general ningún minero ilegal utiliza técnicas de prevención o remediación ambiental” en los trabajos.

Eso se evidenció en los operativos a gran escala que en el 2011 el Gobierno ejecutó en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, en el norte de la provincia de Esmeraldas. Entonces se descubrió la existencia de 120 frentes mineros y se inmovilizó cerca de 50 palas mecánicas.

Tras la operación, las autoridades denunciaron que el uso de químicos -como arsénico y mercurio- restó utilidad a los ríos Cayapas, Ónzole y Santiago. Con el Código Integral, los procedimientos de las autoridades son más estrictos.

Es por eso que Jesús Constantino, presidente de la Asociación de Mineros del norte de Esmeraldas, asegura que antes de la vigencia de la nueva normativa se los debió capacitar.

El minero sostiene que luego de los operativos del 2011 la Empresa Nacional Minera (Enami) tomó el control de los territorios y les entregó permisos de operación. "Pero vemos que los operativos continúan. Se llevan las máquinas y todas nuestras herramientas con las que trabajamos. No tenemos adónde acudir para reclamar nuestros derechos”.

En contexto
Los operativos contra la minería han dejado como resultado, por ejemplo, el decomiso de cuatro cerebros electrónicos de las máquinas y la suspensión de cuatro retroexcavadoras, dos clasificadoras y circuitos eléctricos. Los controles se hacen con el COIP.

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