Cuatro procesos judiciales han sido presentados contra el alza de tarifas eléctricas en el país. Tres de estos llegaron a la Corte de Justicia del Guayas, ubicada en el centro de Guayaquil.
El asambleísta del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), Abdalá Bucaram Pulley, fue último en interponer una acción de protección contra el Consejo Nacional de Electricidad (Conelec). Hoy su pedido cayó, por sorteo, en el Juzgado Décimo Cuarto de la niñez y adolescencia.
En el documento de 11 páginas Bucaram expuso sus argumentos contra el aumento resuelto el 9 de junio por el Conelec.
El incremento, que entraría en vigencia en julio, se impondrá a los clientes residenciales que consuman más de 500 kilovatios hora (kW-h) al mes. Lo que equivale a cancelar USD 56 mensuales sólo por el consumo de energía.
A pesar de que el Gobierno mantendrá el subsidio hasta los que consumen 700 kW-h en épocas de invierno en la Costa, los reclamos no cesan. “Esta medida es completamente regionalista y discriminatoria”, dijo Bucaram.
Pero él no es el único que ha tomado medidas judiciales contra el alza. El primero en hacerlo fue Galo Lara, asambleísta de Sociedad Patriótica, la mañana del pasado miércoles ante la Corte Nacional de Justicia, en el norte de Quito.
El segundo proceso lo iniciaron los asambleístas de Madera de Guerrero, Cinthya Viteri y Andrés Roche el jueves en la Corte de Justicia del Guayas. El tercero fue interpuesto por Miguel Palacios, presidente de la Junta Cívica de Guayaquil.
Sólo los dos primeros pedidos han tenido respuesta. En el caso de Lara, la audiencia será el miércoles a las 11:00 en el juzgado Décimo de la Niñez de Pichincha. Roche y Viteri tendrán una audiencia mañana a las 14:30 en el Juzgado Quinto de Tránsito del Guayas.