El caso de Occidental (Oxy) contra el Ecuador ante el Centro de Controversias de Inversiones del Banco Mundial (Ciadi) se dilatará al menos tres meses más.
En mayo del 2006, la petrolera estadounidense interpuso la demanda ante esa instancia internacional luego de que el Estado ecuatoriano determinara la caducidad de su contrato para la explotación del bloque 15.
La empresa argumentó que con ello se expropiaron las inversiones que mantenía en el país. Mientras que la defensa ecuatoriano sostuvo que Oxy violó el contrato y la Ley de Hidrocarburos al ceder el 40% de sus acciones a la canadiense Encana.
Luego de cuatro años seguidos de litigio se esperaba una sentencia hacia mediados del 2010, pero el año pasado el Tribunal Arbitral que lleva el caso pidió a las partes que hicieran una cuantificación de los daños derivados de la caducidad del contrato de Occidental. El peritaje determinó que el valor del Bloque 15 era de USD 2 362 millones.
Luego de esta determinación se esperaba una sentencia pero, a finales del año pasado, el Tribunal Arbitral pidió al Ecuador y a la petrolera presentar sus posiciones sobre las consecuencias del traspaso de las acciones de Oxy a Encana. Y tres meses después llamó a una nueva audiencia para que expusieran su argumentación.
El procurador, Diego García, indicó a este Diario que el Tribunal fijó para el próximo 15 de abril esta nueva audiencia en Londres, previo a la sentencia. Añadió que el laudo final se estaría emitiendo hasta mediados de este año.
García dio estas declaraciones en el marco de la Sexta Conferencia de Arbitraje Internacional, realizada entre el jueves y viernes pasado por la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana.
En el foro se analizó el tema de los arbitrajes que involucran a los Estados y la Procuraduría informó sobre la situación de los litigios que el país enfrenta a nivel internacional, entre ellos, la disputa con la empresa Chevron.
En su ponencia, el secretario adjunto de la Corte Permanente de La Haya, Brooks Daly, sostuvo que es más difícil llegar a un acuerdo transaccional entre un Estado y una empresa dentro de un proceso arbitral debido a la presión política interna.
Sin embargo, destacó la imparcialidad y la eficacia del trabajo de los tribunales internacionales.
La observación contrastó con la disertación del experto en arbitrajes, Eduardo Silva, quien cuestionó la efectividad del sistema internacional de arbitrajes. En primer lugar, porque es muy complejo cobrar las indemnizaciones a los Estados como en el caso de Argentina. Y en segundo, porque ha sido cuestionada la legitimidad de los árbitros o jueces que tratan las demandas de empresas hacia los estados.