30 de June de 2011 00:02

Las demandas contra Ecuador suman USD 4 658 millones en el exterior

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Actualmente se tramitan ocho procesos arbitrales contra Ecuador en cortes internacionales, cuyas demandas suman USD 4 658 millones. El monto solo toma en cuenta cinco de los ocho casos, ya que en los tres restantes todavía no se han cuantificado los daños.

La mayoría de las demandas pertenece a compañías petroleras. Dentro de este grupo, Perenco, Burlington y Murphy demandaron al país ante el Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, aduciendo que el Estado Ecuatoriano modificó la legislación petrolera sobre el reparto de los excedentes petroleros.

Dos demandas más corresponden a Chevron. Por un lado, la petrolera demandó al Estado ante la Corte de La Haya por un retraso en el procesamiento de varios juicios locales, por lo que se le concedió el pago de USD 698 millones. El monto, sin embargo, aún está en revisión porque el Estado argumentó que sobre ese monto se debe cobrar varios impuestos.

En una segunda demanda, la misma firma busca que el Estado ecuatoriano asuma el costo de los daños por los que Chevron es demandado de parte de las comunidades de la Amazonía.

Otras dos empresas demandantes son Global Net y Ulysseas Inc. La primera firma presentó una demanda por terminar su concesión en servicios de comunicación. La segunda operaba una generadora térmica y argumentó cambios en su contrato.

Todos los casos se encuentran en fase de litigio con excepción de Global Net, firma que negocia un acuerdo con el Estado.

Coronando la lista de procesos se encuentra el caso de Occidental (Oxy). La empresa estadounidense pide el pago de USD 3 300 millones por la caducidad de su contrato en el 2006 y que le obligó a dejar el bloque 15. Ese monto representa el 71% del monto total de las demandas contra el país.

El Ciadi tramita hoy el caso a partir de las 09:30, en Washington. Ahí se llevará a cabo la última audiencia, en el interior del organismo arbitral, antes de que el Tribunal emita un fallo.

En ella se discutirán los informes periciales que determinarán el monto de los supuestos daños causados a Oxy por su salida.

El Estado se defenderá ante el Tribunal pese a que su comparecencia “no implica un reconocimiento de daños”, indicó anteriormente el procurador Diego García, quien participa en la audiencia. De darse un laudo negativo para el país, García no descartó pedir la nulidad del proceso.

Ernesto Albán Ricaurte, abogado con experiencia en arbitrajes, indicó que el Tribunal no tiene un plazo para dictar un laudo y que existen tres escenarios: un fallo total a favor de Oxy o del Estado, y un fallo parcial que dé la razón en parte a Oxy y en parte al Ecuador.

En caso de que el Estado pida la nulidad del arbitraje, explicó Albán, se deberá probar una de las causales que contempla el Ciadi: la constitución incorrecta del Tribunal, la extralimitación de sus facultades, indicios de corrupción en sus miembros, el quebrantamiento grave de alguna norma del procedimiento, o la falta de fundamentos del laudo.

La demanda

En el 2006, Occidental presentó la solicitud de demanda arbitral ante la Secretaría del Ciadi contra el Ecuador.

Luego de conformado el tribunal arbitral, este rechazó el pedido de medidas cautelares de Oxy para que el Estado ecuatoriano no explote el Bloque 15.

Durante el 2007 y el 2010, se presentaron los alegatos de las partes en cuanto a responsabilidad y cuantificación de daños.

Cuatro empresas desisten de sus reclamos contra Ecuador

Acuerdo

El procurador Diego García explicó que dentro de la lista de arbitrajes y posibles demandas que pesaban contra el país, cuatro empresas decidieron desistir de los procesos.

Entre ellas aparece el consorcio Quiport, actual constructora del aeropuerto que presentó en diciembre del 2009 una demanda contra el Estado ante el Ciadi, motivada en las intenciones del Municipio de cambiar el contrato de construcción del nuevo aeropuerto. Luego de la renegociación del contrato, la firma decidió desistir del arbitraje.

Una segunda compañía que siguió el mismo camino fue Repsol, que demandó al Estado por USD 417 millones ante el Ciadi por la aplicación de la Ley 42 que determinaba que el 99% de los excedentes por el aumento en el precio del petróleo debían permanecer en las arcas fiscales.

Sin embargo, luego de la renegociación del contrato con la compañía en noviembre del año pasado, la firma desistió de su demanda arbitral.

Finalmente, las empresas petroleras chinas Andes Petroleum y Petroriental retiraron las solicitudes de controversias que enviaron al Procurador en noviembre del 2010.

Ello, argumentando que había presiones del Gobierno para que se firmen los nuevos contratos petroleros. Este es el paso previo a la presentación de una demanda arbitral contra el país.

Sin embargo, las empresas desistieron de la controversia luego de firmados sus nuevos contratos.

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